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Avanza la ampliación de la Ley de Justicia y Paz

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A paso lento, con precisiones sobre las excarcelaciones y con un nuevo debate sobre las desmovilizaciones, avanzó ayer, en tercer debate, la ampliación de la ley de Justicia y Paz en la Comisión I del Senado.

La iniciativa, que es de autoría de la Fiscalía General de la Nación y con el apoyo del Gobierno Nacional, es la base legal para que se pueda definir la suerte legal de más de 1.200 exmiembros de las autodefensas y guerrilleros que se acogieron en 2005 a la ley de Justicia y Paz, pero que hasta el momento nada que les solucionan su suerte jurídica.

Para el senador y coordinador ponente Roy Barreras, “hoy Justicia y Paz está colapsando por razones procesales. Esta ley de la que depende la suerte de más de 1.200 paramilitares, y no la suerte para la verdad y la reparación de las víctimas la estamos prorrogando en la práctica por seis meses en cuanto al plazo que tienen los postulados que aún no están inscritos, y dándole al gobierno un año, en el caso de los desmovilizados individuales y dos en el caso de los desmovilizados colectivos”.

De acuerdo con el senador, todos los beneficiarios se podrán acoger a esta norma por los delitos que ya cometieron, “la prórroga es para las personas, no para los delitos, no es una patente de corzo para que sigan delinquiendo. El que cometa un solo delito más queda completamente excluido de los beneficios”.

Sin embargo, el congresista sostuvo que la Comisión le pidió a la Fiscalía y al propio Gobierno que aclaren el dilema por resolver entre “el derecho que tienen las víctimas para que los desmovilizados no salgan en masa; por vencimiento de términos, sin contar toda la verdad; y el derecho procesal que tienen los postulados para que el Estado les cumpla con los términos”.

Barreras explicó que la ley debe avanzar en su discusión para incorporar los cambios nuevos que ha propuesto la Fiscalía General, para no permitir que cuando se cumplan los 8 años los paramilitares puedan salir por vencimiento de términos.



Habla Vicefiscal

A su turno el vicefiscal general, Jorge Fernando Perdomo, sostuvo que “no se trata de que queden libres el próximo año, lo que pasa es que la Fiscalía ha venido haciendo cuentas y ha visto que para los próximos años las primeras personas que se desmovilizaron y empezaron a participar en Justicia y Paz podrían acceder ya a los ocho años que tendrían como pena alternativa”.

Indicó que la Fiscalía en conjunto con el Gobierno y el Congreso están buscando una fórmula para que se garanticen los derechos de las personas que han participado en el proceso, pero también para que Justicia y Paz salga adelante.

“No se trata que la Fiscalía quiere que salgan, ni se trata que la Fiscalía impida que ellos salgan, es busca una fórmula concertada y solucionar esta situación”, declaró.

Perdomo aclaró que en este momento, junio de 2012, ninguno de los paramilitares podría salir de la cárcel “porque ninguno ha cumplido los 8 años”.



Extraditados responden

Entre tanto el senador liberal Juan Fernando Cristo, otro de los ponentes, manifestó que una de las grandes fallas de Justicia y Paz fue la falta de reparación a las víctimas y que por eso surgió la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras.

De la misma forma, el senador explicó que en la ley quedó un artículo en donde se establece que todo aquel desmovilizado en el exterior tenga obligaciones de contribuir con la justicia colombiana en el esclarecimiento a la verdad y reparación a las víctimas.


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