Las llamadas bandas criminales son mucho más que estructuras dedicadas al narcotráfico. Son grupos armados ilegales que han expandido sus acciones hacia la minería, el contrabando, la explotación forestal, la trata de personas. Este hecho, no sólo está intensificando el conflicto en algunas regiones del país sino que está afectando los procesos de reinserción.
Así lo evidencia el tercer Informe Nacional de Desmovilización, Desarme y Reintegración (DDR) de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (CNRR) que se presentó este jueves en Bogotá y que asegura, además, que las formas de actuar de estos grupos mantienen esquemas y estructuras heredados de las desmovilizadas autodefensas.
Control territorial, cooptación de miembros de las Fuerzas Militares y de Policía, así como de instituciones, masacres y sometimiento de las poblaciones, son algunas de los elementos hallados por la CNRR como consecuencias del accionar de estas estructuras ilegales.
El coordinador de DDR de la Comisión, Álvaro Villaraga, señaló que es preocupante la presencia armada de estos grupos, (‘Rastrojos’, ‘Urabeños’, ‘Paisas’, ‘Aguilas Negras’, ‘Erpac’) en por lo menos 200 municipios del país.
"Es preocupante. Nos lleva a inferir como conclusión que no obstante las políticas oficiales de combate y una conciencia del Gobierno Nacional no se logra contrarrestar la tendencia a la expansión, el crecimiento e, incluso, a la concentración de esfuerzos entre varios de este grupos", dijo.
El informe evidenció que la actuación de estos nuevos grupos armados ilegales tiene efectos negativos en la desmovilización que se reflejan en resultados parciales de la reintegración y persistencia del conflicto armado, en contextos de ilegalidad y violencia, además de problemáticas sociales y estructurales no resueltas.
Villarraga explicó con respecto a la desmovilización que cada vez se producen más de carácter individual en un volumen tal que exige una revisión a fondo de la política de reintegración para que haya un proceso efectivo y no se desborde.
"La revisión de la política de reintegración debe compaginarse con el desarrollo de una política de paz nacional, con un reforzamiento de políticas sociales en la región y con un tratamiento de la justicia y de instrumentos legales para la paz. El argumento de fondo es que la reinserción no se puede resolver en largo plazo por sí misma", dijo.
La CNRR propone que esta política "no dependa de la de seguridad" sino que se articule con una política de paz que aún no se ha desarrollado. "En el mediano plazo, la reintegración no tiene posibilidades de éxito", insistió Villaraga.
A propósito de la discusión en el Congreso de un proyecto de ley que dispone un marco legal para la paz, Villaraga lamentó que se centre en beneficios penales para actores ilegales. "Aunque es de paz le vemos limitaciones injustas pues solamente considera el tema penal e, inclusive, ciertas rebajas o hechos que pueden ser objeto de indultos o amnistías que resultan bastante discutibles", dijo.
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