Cáceres lloró durante audiencia en la Corte

El expresidente del Senado, Javier Cáceres, lloró en el Consejo de Estado en momentos en que era acusado.
El senador, que es acusado en la Corte por presuntos nexos con el paramilitarismo y es investigado por el Consejo de Estado por tráfico de influencia, explicó que nunca recomendó el nombramiento de la exdirectora de Etesa, Meryluz Londoño.
Cáceres Leal aseguró ante los magistrados de Sala Penal de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado que esta es la primera vez que puede defenderse y aseguró, en medio de lágrimas, que nunca tuvo ningún tipo de relación con paramilitares para obtener beneficios electorales en su carrera al Congreso en 2006.
“He sido blanco de denuncias falsas. Jamás he patrocinado actos de corrupción. Mi compromiso es ‘chuzar’ a la corrupción”, aseguró el senador de Cambio Radial al referirse a su presunta responsabilidad en el desvió de recursos de Etesa para sus cuentas personales.
Igualmente negó cualquier vinculación con grupos paramilitares y calificó de mentirosas las declaraciones del excomandante del Bloque Héroes de María de las AUC,  Uber Enrique Banquez, alias ‘Juancho Dique’, señalando que en tres oportunidades cambió su testimonio.
“En una primera ocasión negó cualquier apoyo a campañas políticas, luego dijo que si habían dado beneficios a unos candidatos pero no mencionó mi nombre y después dijo que sí me había apoyado en mi campaña, eso no tiene sentido”, manifestó.
El parlamentario también negó que hubiera llegado a amenazar al exparamilitar que rindió  testimonio en su contra, afirmando que muchas de estas personas se habían dedicado a negociar con versiones y testimonios que en la mayoría de los casos resultaban ser falsas.
“Ningún miembro de las autodefensas podría decirles que he asistido a esas reuniones”, afirmó Cáceres, además de recordar que por el contrario su enemiga natural en Cartagena para esa época era la reconocida empresaria de chance, Enilse López, más conocida por el sobrenombre de ‘La Gata’ quien fue condenada por nexos con paramilitares.
“Han sido 5 años de ingominia, de calumnias, de injusticias...”, dijo entre sollozos, el senador Cáceres.
Procuraduría pide mantener la investidura
En la misma audiencia el procurador delegado ante el Consejo de Estado solicitó que se mantenga la investidura de Cáceres por considerar que no existen pruebas fehacientes de sus nexos con paramilitares ni del tráfico de influencias en Etesa.
El representante del Ministerio Público indicó que no se presentaron “documentos reveladores” que demuestren que Cáceres vinculó a Etesa a Mery Luz Londoño, ni que junto a ella estuvieran involucrados en el desvió de dineros recolectados en las llamadas maquinas tragamonedas en Cartagena.
“Los testigos que supuestamente involucrarían al senador con un tráfico de influencias niegan tales hechos, y en el caso de los cargos por aparentes nexos con las AUC el testigo se ha retractado de sus acusaciones. Por eso el Ministerio Público considera que no se ha configurado alguna causal de pérdida de investidura y pide que se le mantenga su fuero”, aseguró el procurador delegado, Roberto Serrato.
Precisó además que existen testimonios de otras personas relacionadas con las irregularidades en Etesa quienes aseguraron que Cáceres no tenía ningún tipo de responsabilidad en estos hechos aparte de ser mencionado en algunas conversaciones telefónicas.
“No hay la prueba para afirmar que dicha actividad se produjo”, manifestó el delegado del Ministerio Público ante el pleno de magistrados que integran el Consejo de Estado, y de paso descartó que Cáceres pudiera estar implicado en el delito de tráfico de influencias.
En relación con la supuesta participación del senador Javier Cáceres con organizaciones paramilitares, la Procuraduría mostró que a pesar de que uno de los testimonios demostrara lo contrario, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia lo había encontrado culpable de esta acusación, de acuerdo con cuyo fallo se podría decir que existió un tráfico de influencias, así como una indebida designación de dineros públicos hacia este tipo de grupos.
 

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