Cadena perpetua: con un pie en la realidad nacional

La sorpresiva decisión de la magistrada de la Corte Constitucional, María Victoria Calle Correa, de darle luz verde al referendo que busca la cadena perpetua para violadores y abusadores de menores de edad, además de expectativa, ha causado revuelo en diferentes sectores sociales. A pesar de que se trata de un borrador de una eventual decisión, es el primer paso hacia una de las más drásticas reformas a la Carta Política del 91, inclusive a la legislación nacional vigente desde inicios del Siglo XX. El tema más espinoso que deberá resolver la Corte es si éste tipo de modificaciones, como lo consideran algunos, genera una sustitución de la Constitución y por ende, es o no viable. Otro aspecto de especial atención es, si la prisión de por vida constituye un trato degradante que vulnere derechos fundamentales. ¿Hasta dónde una reforma de este talante puede prevenir delitos como el que se quieren combatir?, ¿es acaso una más de las reformas que muchos califican como “coyunturales”?, ¿qué pasa con el llamado bloque de constitucionalidad y los tratados internacionales suscritos por distintos gobiernos? Estas son algunas de las preguntas que rodean el ambiente judicial desde el jueves, cuando se conoció el sentido positivo de proyecto de fallo; las mismas a las que muy seguramente dará respuesta la Corte en la última semana de mayo, cuando emita una decisión definitiva, y para la cual se dice que el terreno está abonado. ESTE ES SÓLO EL INICIO La ex concejala Gilma Jiménez, promotora de la iniciativa, considera que en caso de que la mayoría de la Corte ratifique el criterio de la ma-gistrada y de la Procuraduría General, se partiría en dos la historia de Colombia: “El referendo lo que quiere es privilegiar a los niños colombianos, construir el comienzo de una nueva sociedad para los menores”. Sobre la prevención del delito, Jiménez reconoce que el castigo, como un instrumento para frenar hechos punibles, “es primitivo”, pero señala que sí es una forma de construir una nueva sociedad. “No tengo duda acerca de que encerrar hampones previene”, dijo la recién electa senadora por el Partido Verde; de paso, desestimó que la modificación constitucional obedezca a un hecho coyuntural: “La sociedad ha sido indiferente e indolente; y la justicia, impune”. En esta misma orilla está el penalista Jaime Granados, asesor jurídico de la ex concejala Jiménez. Para él, la cadena perpetua no se opone al llamado bloque de constitucionalidad ni a la legislación penal nacional o internacional vigente. “La cadena perpetua no se opone a ningún instrumento internacional, pues está contemplada en el sistema interamericano de derechos humanos”, consideró Granados para quien, al contrario, con esta nueva legislación Colombia se pondría a la par de la jurisprudencia internacional. Lo dijo porque el tema fue incluido en el tratado de Roma (Corte Penal Internacional -CPI-), suscrito por Colombia y respaldado por la Corte Constitucional. LAVADO DE CONCIENCIA Un planteamiento diametralmente distinto es el que propone David Albarracín, integrante de la oficina especial de apoyo para el sistema penal acusatorio de la Defensoría del Pueblo: “No estoy de acuerdo con la cadena perpetua, ni como abogado, ni mucho menos como ser humano. Este tipo de penas es el mayor mal que se le puede hacer a una persona y no cumple ninguna finalidad específica, como tampoco lo hace la cárcel”. Para este defensor, los crímenes que se comenten contra los menores son deplorables, pero advierte que hay otros similares, o más graves, que no han sido penados de por vida. “Esto es un lavado de conciencia”, dice. “En Colombia todo lo solucionamos aumentando penas o delitos, con lo cual vamos en contra de la tendencia internacional que aconseja la utilización del derecho penal, en su mínima expresión, es decir, que el Estado deba castigar penalmente a sus asociados en casos extremos”.