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CIDH condena amenazas y asesinatos contra defensoras de derechos humanos

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La CIDH le recordó a Colombia su obligación de investigar de oficio hechos de esta naturaleza.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó la situación de amenazas, hostigamiento y asesinatos de familiares de las defensoras de derechos humanos María del Socorro Mosquera Londoño y Mery Naranjo Jiménez.Ambas mujeres son beneficiarias de medidas cautelares de la CIDH desde el 12 de octubre 2004 y de medidas provisionales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) desde el 5 de julio 2006, y según esa entidad el Estado no ha adoptado medidas efectivas de protección.

Mosquera Londoño y  Naranjo Jiménez son defensoras de derechos humanos y líderes comunitarias que “han realizado una labor constante de denuncia contra agentes estatales por su alegada participación en graves violaciones de derechos humanos en perjuicio de los habitantes de la Comuna XIII de Medellín”, según explicó la CIDH.

Según el organismo internacional a pesar de la vigencia de estas medidas tres familiares de las dos defensoras han sido asesinados: Javier Augusto Torres Durán, yerno de Mery Naranjo; su hijo  Sebastián Naranjo Jiménez, de 16 años de edad. Asimismo, el 1 de febrero de 2011 fue asesinado el nieto de Socorro Mosquera, identificado como Lubin Alfonso Villa Mosquera de 14 años de edad.

La CIDH denunció que a la casa de Mery Naranjo se le hizo un allanamiento ilegal en agosto de 2010, y que el hijo de Socorro Mosquera, Marlos Daniel Herrera ha  recibido agresiones físicas con golpes, patadas y puñetazos.

“La Comisión Interamericana considera de suma gravedad que el Estado de Colombia no haya dispuesto medidas efectivas de protección a pesar de que por lo menos desde el año 2004 ha tenido pleno conocimiento de la situación de riesgo que enfrentan estas defensoras y sus familias, y a pesar de las medidas provisionales ordenadas por la CIDH”, expresó el organismo.

La CIDH le recordó a Colombia su obligación de investigar de oficio hechos de esta naturaleza y reiteró que el país que debe disponer de “forma inmediata y urgente todas las medidas necesarias a fin de garantizar el derecho a la vida, la integridad y la seguridad de las defensoras de derechos humanos y sus familias”.

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