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Clamor por la libertad

Son apenas un puñado de personas con pancartas que cada martes se colocan a un costado de la catedral de Bo-gotá a pedir por la libertad de sus familiares, 19 militares y policías rehenes de la guerrilla, a quienes dicen que sólo los acompaña “la misericordia de Dios”.

Desde 2003, sobre la céntrica plaza de Bolívar a cuyos lados se alzan también las se-des del Congreso y del Palacio de Justicia, estos manifestantes gritan consignas pidiendo porque estos rehenes, algunos con más de diez años de cauti-verio, “regresen vivos”.
Silvio Hernández, padre del mayor de la policía Elkin Hernández, secuestrado el 14 de octubre de 1998, lleva puesta una camiseta con la lista de los rehenes y camina junto a sus compañeros de la Asociación colombiana de fa-miliares de miembros de la fuerza pública retenidos y liberados por grupos guerrilleros (Asfamipaz).
“Yo estoy muy acabado, mi señora también. Tenemos la fuerza de la esperanza de que un día salga nuestro hijo y nos llene de felicidad, pero eso es apoyarse en la misericordia de Dios”, dice Hernández a la AFP.
“No sabemos si (las fuerzas de seguridad) estén merodeando alrededor de donde tienen a los secuestrados, si estén penetrando con labores de inteligencia. Lo que vemos es que las vías negociadas es-tán cerradas, ni siquiera hay ya comisionado de paz”, refiere Hernández, al comentar la política del recién estrenado gobierno del presidente Juan Manuel Santos.
Las izquierdistas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) retienen a estas personas con la intención de canjearlas por guerrilleros presos. Sin embargo, desde 2008 han liberado unilateral-mente a ocho políticos y seis policías y militares, en algunos casos con mediación interna-cional, de la Iglesia católica y del colectivo Colombianos y colombianas por la paz.
Asfamipaz pide por una negociación del gobierno y las Farc que logre la liberación de los 19 militares y policías que aún se encuentran cauti-vos. También insta a la guerrilla a continuar las liberacio-nes unilaterales. Pero sobre todo rechaza la opción del rescate militar, por temor a que puedan resultar muertos los rehenes.
“Reconocemos los rescates, pero no queremos que esa sea la vía”, dice Marleny Orjuela, directiva de Asfamipaz, al señalar que pese a los operativos exitosos de la Operación Jaque (2008) y Camaleón (2010) en los que fueron liberados la ex candidata presidencial Ingrid Betancort, tres estadouniden-ses, y 15 uniformados, otras acciones han terminado en la muerte de rehenes.
“Una salida digna de parte de las Farc sería la liberación unilateral”, afirma Orjuela.

Militares a juicio

BOGOTÁ, AFP
Veintinueve militares colombianos, entre ellos un oficial, fueron llama-dos a juicio por la muerte de dos campesinos que presentaron como insurgentes muertos en combate, informó ayer la Fiscalía General. Se-gún el organismo judicial, los he-chos ocurrieron el 14 de mayo de 2005 en una zona rural de la pobla-ción de La Paz, (Cesar), “cuando tropas del Ejército ultimaron a Frank Enrique Martínez Caviedes y a Clau-dino Manuel Olmedo Arlante”.
Sin embargo, agregó el reporte, un fiscal de Derechos Humanos esta-bleció que “tanto Martínez como Olmedo eran habitantes de Valledu-par -capital de Cesar-, no pertene-cían a las (rebeldes) Farc y sus de-cesos no fueron consecuencia de un enfrentamiento con el Ejército”.
Desde hace varios meses la Fiscalía General investiga la muerte de cientos de jóvenes que, según las tropas, fueron muertos en combates con grupos armados ilegales en dis-tintas regiones del país, pero que según investigaciones cayeron ase-sinados por militares para cobrar re-compensas y obtener prebendas.

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