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Condenados tres excongresistas por vínculos con paramilitares

A cuatro años y siete meses de prisión fueron condenados tres ex congresistas colombianos por auspiciar y promover grupos de paramilitares, informó este viernes la Corte Suprema de Justicia. 

Según el máximo tribunal de la justicia, los ex representantes a la Cámara Manuel Ávila, Enrique Doval y César Andrade “aceptaron los cargos por el delito de concierto para delinquir agravado”. 

La sentencia precisa que los tres políticos fueron condenados a “las penas principales de 55 meses de prisión” y a la inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas “por lapso igual al de la privación de libertad, por el delito de concierto para promover grupos armados al margen de la ley”. 

De acuerdo con la Corte, organizaciones paramilitares de extrema derecha “pretendiendo obtener representación en el Congreso de la República” desarrollaron un proyecto político regional en el noroeste del país, a través del cual “durante las elecciones del año 2002 obtuvieron una curul en la Cámara de Representantes por el departamento (provincia) de Antioquia”. 

Una vez conseguida la curul, agrega la sentencia, cuatro líderes de la región, entre ellos los tres políticos condenados, se turnaron el cargo año tras año. 

Más de un centenar de políticos colombianos están involucrados en un proceso adelantado por la justicia que busca esclarecer vínculos entre esos dirigentes y las desmovilizadas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC, extrema derecha) para obtener resultados electorales. 

En 2010, diez exparlamentarios fueron condenados y uno absuelto. En lo que va de este año, nueve más han sido declarados culpables por la Corte, entre ellos dos ex presidentes del Congreso y un exgobernador. 

Las AUC, que combatían a las guerrillas izquierdistas y cometieron miles de crímenes atroces contra la población civil, especialmente en la década de los años 90, participaron entre 2003 y 2006 en una negociación de paz que les otorgó beneficios procesales a cambio de la confesión y la reparación a las víctimas. 

En base a esas confesiones la justicia abrió las investigaciones a los dirigentes políticos.

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