Indicadores económicos
2017-03-26

Dólar (TRM)
$2.899,94
Dólar, Venta
$2.900,00
Dólar, Compra
$2.690,00
Café (Libra)
US$1,58
Euro
$3.133,38
UVR, Ayer
$246,80
UVR, Hoy
$246,88
Petróleo
US$47,97

Estado del tiempo
2017-03-26

marea

Marea min.: -12 cms.

Hora: 16:01

Marea max.: 10 cms.

Hora: 09:36

Dirección viento: Norte

Intensidad viento: 3 a 19 kms/h

Temp. superficial del mar: 26 ºC

oleaje

Cartagena-Islas del Rosario: 0.9 a 1.2 metro(s) de altura

Estado

estado
Mín. 26 ºC
Máx. 32 ºC

Pico y placa
2017-03-26

Hoy no salen los vehículos con placa:

Vehículos Particulares

De lunes a viernes 7 a.m a 7 p.m

-
Taxis
-
Motos
- - - -

Contraloría impuso dura sanción al gobernador del Valle

-A A +A
 

El contrato suscrito entre la Industria de Licores del Valle, ILV, y la Unión Temporal Comercializadora Logística Integral S.A. llevó anoche a que la Contraloría General de la República, sancionara en primera instancia al gobernador Héctor Fabio Useche; el exmandatario Juan Carlos Abadía; el alcalde de Florida y exgerente de esa empresa, Doney Ospina, a diez exfuncionarios más por un detrimento patrimonial que supera los $112 mil millones.

La decisión también cobija a los representantes y socios de la firma comercializadora de los productos de la ILV.

 La medida fue adoptada por la contralora Delegada de la Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción, Luz Ángela Martínez, quien encontró que el detrimento pasó de $107 mil 231 millones a $112 mil 689 millones, lo cual determinó la responsabilidad fiscal de los investigados. Todos los implicados deberán responder con su pecunio por sus actuaciones en la suscripción de dicho contrato que implementó el plan promocional y de distribución de los productos de la ILV.

 En este orden de ideas, la Contralora, al emitir el fallo, dijo que los imputados “actuaron con dolo”, es decir que hubo culpa en las actuaciones que realizaron, y solo a la exgerente de la Licorera, Ruth Sofía Triviño, le fue calificado su comportamiento como “culpa leve”. La funcionaria encontró, además, “serias irregularidades” en el contrato y llamó la atención sobre que la Unión Temporal “no cumplía en ese momento con los requisitos mínimos y de experiencia económica para cumplir el pliego”, por eso acusó que esa sociedad fue constituida para “defraudar”, ya que fue conformada para la cesión de ese contrato y no cumplía con los requerimientos exigidos.

Con base en lo anterior y en los hechos que corroboraron que hubo “irregularidad en el plan de promoción” que generó una “ineficacia económica”, la Contralora determinó la responsabilidad fiscal de cada uno así: el exgerente Ospina deberá responder por 7 mil millones 063 pesos; Abadía, 7 mil millones 010 pesos; la ex gerente Ruth Sofía Triviño por $528 millones. También se dispuso que los ex funcionarios Héctor Fabio Useche, Juan Pablo Muñoz, Raimundo Tello, Roberto Villamizar, Luis Telmo Rojas, Luis Alfredo García, Luis Humberto Castrillón y Paula Andrea Martínez deberán pagar $7.000 millones de pesos cada uno. Ezequiel Lenis fue condenado a pagar $2.000 millones.  Édgar Salazar, Édgar Doronsoro Tenorio, Empresa Agropecuaria, Empresa Encargo Logístico Integral, Empresa Salazar Transportes Unidos, Empresa Comercializadora Logística Integral, UT Comercializadora, que son representantes y socios de la empresa que distribuye los licores, deben cancelar $7.000 millones, cada uno.

 De la misma manera, la delegada del órgano de control aseguró que la Contraloría no acepta la defensa de las compañías de seguros, “nos mantenemos en este fallo de mantener las pólizas que se encuentran en garantías y la póliza que anexó la apoderada de la Previsora”. Ayer mismo se conoció además del embargo de las cuentas de ahorro y corrientes, así como todos los bienes de los implicados, que se amplió, en la noche, para las empresas y personas que hicieron parte en el proceso contractual. Luego de conocer esta decisión, los apoderados de los implicados radicaron las apelaciones, las cuales deberán ser sustentadas en los próximos diez días hábiles, y que serán analizadas directamente por el despacho de la contralora General, Sandra Morelli. La Contralora Delegada compulsó copias a la Procuraduría General para que investigue estos hechos.

  El contrato que condujo a las sanciones fiscales es el 20080035, que se firmó el 7 de abril de 2008 entre la Industria de Licores del Valle y la Unión Temporal Comercializadora Logística Integral S.A. (hoy UT Comercializadora Integral S.A.), que establecía todo el Plan Comercial para la empresa durante la vigencia fiscal 2009-2010.

 

 LOS PROCESOS DE USECHE


 Los problemas del hoy gobernador del Valle del Cauca, Héctor Fabio Useche, se iniciaron muchos meses antes de ser elegido mandatario regional.

El caso por el cual fue sancionado por presunta responsabilidad fiscal se inició durante su campaña al primer cargo del departamento.  La Procuraduría General de la Nación abrió una indagación preliminar a Useche por presuntas irregularidades en la firma de un contrato de cirugías bariátricas por mil millones de pesos con la IPS Eduardo Bolaños, constituida sólo un mes y medio antes de haberse firmado el acuerdo con un capital de $20 millones. En el mismo proceso se incluyó al ex gobernador Juan Carlos Abadía, el ex secretario jurídico de la Gobernación Raimundo Tello y dos interventores del Departamento (Yaneth Vélez y Alberto Ocampo). Pero también el Valle enfrenta una investigación administrativa porque en la época en la que Useche estuvo al frente de la Secretaría de Salud no se cumplieron algunas metas en materia de prevención, en especial la vacunación.

 QUÉ PODRÍA PASAR

Fuentes de la Contraloría explicaron que los efectos del fallo se suspenden mientras se define la segunda instancia, por lo que los mandatarios no verían afectados sus deberes al frente de sus administraciones. Ante el traslado que se dio del expediente a la Procuraduría, el Ministerio Público, mientras se adelanta el proceso disciplinario podría suspenderlos de los cargos o, sí los encuentra responsables, podría destituirlos.

LOS OTROS GOBERNANTES SANCIONADOS

Varios de los gobernadores del Valle del Cauca, que han sido elegidos mediante votación popular, han terminado envueltos en líos disciplinarios o judiciales. Entre los casos más sonados están los de los ex mandatrarios Gustavo Álvarez Gardeazábal (1998-1999) y Juan Carlos Abadía Campo (2008-2010). En el primero de ellos, el escritor debió apartarse del cargo luego de ser vinculado al sonado Proceso 8.000, en el que fue acusado por la justicia de enriquecimiento ilícito. Álvarez Gardeazábal fue condenado por haber recibido dinero de parte de personas cercanas a los hermanos Miguel y Gilberto Rodríguez Orejuela, jefes del extinto Cartel de Cali, por lo que recibió una pena de seis años y medio de prisión, que cumplió en la escuela de Policía Simón Bolívar de Tuluá y se benefició con rebaja de penas. Álvarez fue reemplazado por Juan Fernando Bonilla Otoya.

Lo propio ocurrió hace un año y medio con el ex gobernador Juan Carlos Abadía Campo, quien fue destituido e inhabiltado para ejercer cargos públicos durante 10 años por la Procuraduría General de la Nación por participación indebida en política.  Abadía tiene pendientes otros procesos en la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría por presuntas irregularidades en otras decisiones cuando estuvo al frente de la Gobernación del Valle.  Entre las investigaciones que se siguen están la aprobación y ejecución de las vigencias futuras extraordinarias, el desbordamiento en gastos de publicidad para los juegos nacionales y la utilización de recursos para promocionar su partido ADN en las pasadas elecciones al Congreso. A Juan Carlos Abadía lo reemplazó en el cargo Francisco Lourido, quien estuvo al frente de los destinos del Departamento hasta el 31 de diciembre pasado.

 CRONOLOGÍA

18 de enero del 2011. La Contraloría General ordenó abrir una indagación preliminar para tratar de establecer si hubo o no irregularidades en la firma de un contrato de la Industria de Licores del Valle con la Unión Temporal Comercializadora Logística Integral S.A., luego de recibir una solicitud de control excepcional por parte del entonces gobernador del Valle, Francisco Lourido.

23 de marzo del 2011. La Contraloría Delegada para la Infraestructura, en cabeza de Nelson Izáciga, encontró falencias en la ejecución de ese contrato, firmado el 7 de abril del 2008.

28 de octubre del 2011. La Contraloría General vinculó al destituido gobernador del Valle Juan Carlos Abadía en el proceso de posible detrimento patrimonial por el convenio de la Industria de Licores del Valle, al considerar que, como Mandatario regional, debía estar enterado de lo que sucedía al interior de la Licorera.

16 de diciembre del 2011. La Contraloría general le imputó cargos a una docena de ex funcionarios de la administración del destituido gobernador Juan Carlos Abadía, entre los que se encontraba el propio ex mandatario y el hoy Gobernador del Valle, Héctor Fabio Useche. La decisión también involucra al actual alcalde de Florida, Doney Ospina, quien para la época de los hechos era gerente de la ILV.  

Enero 26 del 2012. La contralora general de la Nación, Sandra Morelli, ratificó la competencia de la entidad que dirige en el proceso responsabilidad fiscal por presuntas anomalías en un contrato de la ILV. La audiencia se suspendió.

27 de enero del 2012. El proceso volvió a comenzar de cero y se prolongó por dos semanas.  El 10 de febrero pasado, la Contraloría, tras los alegatos de conclusión, tenía previsto emitir un fallo, pero lo aplazó por una semana y decidió emitirlo ayer.

MÁS DATOS

Héctor Fabio Useche ha insistido que el proceso en su contra es político, obedece a un complot y que él nunca fue el ordenador del gasto en la Industria de Licores. La Contraloría acusó a los afectados de haber desconocido los principios de la gestión pública, ausencia de moralidad administrativa que derivó en “acto doloso de responsabilidad fiscal”. La lectura del fallo comenzó a las 9:00 a.m. y, luego de que se denunciara que la Contralora había filtrado el fallo a los medios, se decidió a las 8:00 p.m. leer solo la parte resolutiva, y no todo el expediente de 180 páginas.

Abogados aseguraron que hasta anoche se conocieron los verdaderos argumentos de la acusación, pues desde el principio venían pidiendo que se dieran los montos individuales de la presunta responsabilidad fiscal de sus defendidos. “Tengo que advertir que por primera vez definieron una cuantía personalizada y creo que esto en mi caso, me satisface porque no se me está imputando $107 mil millones, sino un presunto detrimento de $7 mil millones”, señaló Doney Ospina, exgerente de la ILV

Notas recomendadas
2457 fotos
69289 seguidores
Exprese su opinión, participe enviando sus comentarios. Las opiniones aquí registradas pertenecen a los usuarios y no reflejan la opinión de www.eluniversal.com.co. Nos reservamos el derecho de eliminar aquellos que se consideren no pertinentes. Consulte los términos y condiciones de uso.

Para enviar comentarios Inicie sesión o regístrese