Controversia por fallo contra Plazas Vega e investigación a Belisario Betancur

El primero en pronunciarse fue el propio Gobierno Nacional, a través de un comunicado, en el que expresó su preocupación ante las “graves implicaciones” de presentar el caso a la Corte Penal Internacional y señaló que aunque es respetuoso de las decisiones de dicho tribunal, la determinación judicial, indicó que este deslegitima ante propios y extraños, un sistema de administración de justicia “que ha sido una constante en la historia constitucional colombiana”.
A su turno, el magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Jaime Arrubla Paucar afirmó que para que la Corte Penal Internacional investigue al exmandatario Belisario Betancur debe ser por decisión de Estado.
“La única forma de que la CPI  asuma es porque cedamos la soberanía y eso tiene que ser una decisión de Estado y no puede ser la decisión de un tribunal aisladamente. Esa decisión podría ser un detonante, una iniciativa pero tienen que ser una decisión donde el Estado colombiano se comprometa”, puntualizó.
En un escueto comunicado, el expresidente de la República, Belisario Betancur manifestó su voluntad de colaborarle a la justicia en todas las investigaciones que consideren adelantar en torno a la Toma del Palacio de Justicia y recordó que diferentes representantes de la justicia que han realizado indagaciones al respecto lo han llamado para que de las explicaciones del caso y que siempre a acudido a dichos requerimientos.

Diferentes reacciones

El procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez, anunció que interpondrá una demanda de casación en contra del fallo del Tribunal, ya que considera que este “erró gravemente” al condenar al militar en retiro, al vulnerar un principio fundamental en derecho, teniendo en cuenta que el delito por el que fue investigado Plazas Vega no existía en el ordenamiento jurídico interno en el momento de los hechos.
El ministro del Interior, Germán Vargas Lleras dice que la Corte Penal Internacional carecería de competencia para investigar a Betancur.
El vicepresidente de la República, tampoco guardó silencio frente al tema y calificó la solicitud como injusta no solo con Betancur, sino con la justicia colombiana, por lo que afirmó que la decisión de darle o no curso a la misma debe ser de la Corte Suprema de Justicia.
El Partido Conservador fue más contundente al mostrarle su apoyo a Betancur, al aseverar que la colectividad esta de acuerdo con las actuaciones del entonces presidente e indicar que él en su condición de presidente tenía la obligación constitucional de defender las Instituciones y garantizar el estado de Derecho.