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Coronel(r) Bayron Carvajal solicita a que se anule la condena en su contra

El coronel (r) Bayron Carvajal, y el teniente(r) Harrison Castro, condenados como responsables de la masacre de Jamundí, Valle —en la que varios militares asesinaron a 10 policías antinarcóticos— le solicitaron, por intermedio de sus abogados,  a la Corte Suprema de Justicia que anulara la sentencia que pesa sobre ellos.

Según la defensa del coronel (r), no existe forma de demostrar que él supiera sobre la presencia policial en la zona donde patrullaba su pelotón, y por lo tanto no pudo haber planeado la masacre. Según la defensa, esto fue reconocido incluso por el Tribunal Superior de Cali, el cual redujo la sentencia de Carvajal.

La defensa también afirma que la recolección de evidencia se hizo de forma artesanal, dadas las condiciones del lugar de los hechos. Por esta razón afirmó que las pruebas en contra del oficial no tienen fiabilidad. Esto genera dudas sobre la veracidad de todo el proceso, el cual según la defensa, debería volver a empezar pero bajo conocimiento de la Justicia Penal Militar.

Por su parte, la Fiscalía y la Procuraduría argumentan que el proceso se ha llevado a cabo con total regularidad y rechazó la solicitud de casación interpuesta por la defensa de los oficiales.

Según la Fiscalía, los soldados implicados entregaron sus armas y celulares en forma voluntaria a la policía judicial tan pronto llegó al lugar de los hechos, con lo cual ésta tomó nota detallada de los nombres y referencias de la evidencia. También aclara que para el tratamiento de las evidencias se respetó toda la cadena de custodia, con el objeto de evitar que ésta se contaminara o fuera intercambiada.

La Corte ahora deberá evaluar si acepta el recurso de casación, caso en el que se anulará la condena contra los militares, o si por el contrario la mantiene en firme, con lo que los condenados deberán seguir tras las rejas.

La masacre y el proceso

Los hechos ocurrieron la noche del 22 de mayo de 2006, cuando una patrulla de la DIJIN fue enviada a cumplir un operativo antinarcóticos en zona rural del municipio de Jamundí. Sin embargo, en el camino fueron interceptados por miembros del Batallón de Alta Montaña número 3, quienes dispararon contra dicha patrulla, asesinando a 10 policías y un civil que actuaba como informante.

Al día siguiente de los hechos, la Fiscalía anunció públicamente que esta masacre fue "un mandado del narcotráfico". Por esta razón, las investigaciones comenzaron a enfocarse en la posibilidad de esta hipótesis. Con el tiempo se descubrió que este pelotón del ejército estaba fuera de su jurisdicción sin ofrecer una justificación para ello.

En ese momento, la defensa argumentó que las tropas del coronel Carvajal estaban allí para contrarrestar la amenaza de secuestro por parte de las FARC a una familia española que supuestamente estaba en la región. Sin embargo, con el tiempo se descubrió que no había tal familia española, sino una familia colombiana residente en España, que ya se había ido hacía dos semanas.

Durante el proceso también se verificó que hubo comunicación entre el coronel Carvajal y sus hombres, momentos antes de la masacre, en las que se puede inferir que el pelotón esperaba que un grupo armado pasara por el lugar de los hechos. También se estableció que hubo comunicación entre miembros del batallón y el supuesto informante que acompañaba a la policía.

Según la fiscalía, existen pruebas de comunicación, a través de Avantel, entre los policías emboscados que demuestra que ellos suplicaban el cese al fuego y que no los mataran. También dice que entre las evidencias encontradas en el lugar se comprobó que el 97 por ciento de la munición usada fue del ejército y solo el 3% fue de la policía.

Por estos hechos, el coronel Carvajal y el teniente Castro fueron condenados en primera instancia a 54 y 52 años de cárcel, respectivamente. Sin embargo, al apelar la sentencia, la pena fue reducida en segunda instancia a 31 y 29 años para cada uno.

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