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Corte analizará acuerdo con EE.UU.

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A los cuestionamientos hechos contra el acuerdo militar suscrito entre Colombia y Estados Unidos, se suman dos acciones de inconstitucionalidad que deberán ser estudiadas por la Corte Constitucional en enero.

El acuerdo militar pretende el uso de bases militares por parte de personal estadounidense y ha sido criticado por algunos sectores nacionales e internacionales.
A esas críticas se suman dos demandas de nulidad interpuesta por civiles que consideran el acuerdo violatorio de la soberanía colombiana.
En uno de los recursos jurídicos los demandantes señalan que “aunque el Gobierno nacional en el escrito del acuerdo afirma que éste es una adición a un acuerdo militar suscrito en Bogotá el 7 de octubre de 1974, sobrepasa los límites, fundamentos fácticos y legales de ese pasado acuerdo”.
Agrega además que sin descoser que persiste un estado de beligerancia y conflictos interiores, entre 1974 y el 2009 se han dado agravantes como el paramilitarismo y los desplazamientos forzados, que ameritan la firma de un nuevo acuerdo aprobado por el Congreso de la República.
Por eso demandan el hecho que “el Gobierno celebró con los Estados Unidos un acuerdo a su acomodo, vedando los trámites legales y constitucionales”.
También critica el contenido material de dicho acuerdo, en el sentido de que permite el tránsito de tropas sin haberlo puesto a consideración del Senado.
La otra de las demandas señala específicamente que el convenio atenta contra la soberanía nacional del Estado colombiano, en la medida en que su aplicación debe estar sujeta a la legislación existente en el país al momento de su firma.
De igual forma sostiene que el “Gobierno para evitar el control de constitucionalidad del tratado, argumenta que las tropas extranjeras solo serán transito-rias cuando inexplicablemente fijarán siete bases militares en nuestro territorios”.
Lo que buscan estos dos recursos es que la Corte Constitucional haga una revisión profunda para determinar si es inconstitucional y si se debe deshacer dicho o pasarlo a votación del Congreso.
Precisamente la votación de los congresistas fue una de las sugerencias que le hizo el Consejo de Estado al presidente de la República, Álvaro Uribe Vélez, a través de un concepto que se debe mantener, por ley, en reserva de cuatro años.

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