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Corte colombiana rebaja pena a militar condenado por masacre

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La Corte Suprema de Justicia anunció el miércoles que temporalmente modificó la pena impuesta a un general en retiro del Ejército condenado a 40 años de prisión por su responsabilidad en una masacre perpetrada hace más de 14 años por paramilitares. 

La condena impuesta en 2009 por el Tribunal Superior de Bogotá al general en retiro Jaime Humberto Uscátegui fue rebajada de 40 a 37 años de prisión, indicó el alto tribunal en un comunicado. 

Según la Corte Suprema, uno de los tres delitos por los que fue condenado Uscátegui, “falsedad material en documento público”, ya prescribió. Los otros dos delitos por los que Uscátegui fue condenado fueron homicidio agravado y secuestro agravado. 

El abogado defensor de Uscátegui, Edgar Saavedra, explicó en diálogo telefónico que por las leyes colombianas el período de prescripción varía según el delito y ese lapso de tiempo sigue transcurriendo hasta tanto una condena sea definitiva. 

Como el oficial apeló el fallo del Tribunal Superior ante la Corte Suprema, que aún no se ha pronunciado sobre ese recurso, entonces el período de prescripción, que en el caso del delito de falsedad es de ocho años, siguió corriendo. 

La decisión de la Corte Suprema se da en momentos en que la Fiscalía atraviesa una controversia sobre el número de víctimas por la masacre perpetrada en julio de 1997 en el municipio de Mapiripán, en el departamento de Meta y a 300 kilómetros al sureste de Bogotá. 

Por esa masacre fue condenado Uscátegui porque, según la investigación, facilitó la llegada de los paramilitares a Mapiripán. El oficial siempre ha negado ese señalamiento. Grupos no gubernamentales y la Fiscalía indicaron que el número aproximado de víctimas, con base en testimonios de testigos y ex paramilitares, fue de 49 y que los cuerpos habían sido lanzados a un caudaloso río de la zona. 

Nuevos testimonios de paramilitares desmovilizados ante la Fiscalía, y conocidos en los últimos días, hablan de 10 muertos en Mapiripán. 

Diarios locales han indicado que al menos una mujer se hizo pasar por víctima al asegurar que su esposo y dos hijos murieron en aquella masacre, cuando su esposo había muerto antes y uno de sus hijos está vivo. 

Por esa masacre el Estado colombiano fue condenado en 2005 por la Corte Interamericana de Derechos Humanos que dispuso el pago de abultadas indemnizaciones. 

El ministro de Justicia, Juan Carlos Esguerra, calificó en la jornada de “sinvergüenzas” a quienes pudieron posar de víctimas. 

Uscátegui dijo en diálogo telefónico que todo el caso era parte del “montaje” que asegura se urdió en su contra y dijo estar seguro de que la Corte Suprema revocará su condena.

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