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Corte Constitucional avala ley de inteligencia

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La Corte Constitucional avaló el proyecto de ley conocido como de inteligencia y contrainteligencia, pero tumbó el aumento de penas que contenía –por violación de la reserva legal– por considerar que el Congreso no podía penalizar de la misma forma la violación de cualquier tipo de información a la que está relacionada con labores de inteligencia.

La Corte tumbó nueve artículos que modificaban el Código Penal aumentando las penas para servidores públicos por revelación, utilización y divulgación de de información reservada o secreta, sin tener en cuenta de qué tipo de documentación se trataba.

Para el alto tribunal, lo que dispuso el Congreso no diferenciaba entre conductas de violación de información ordinaria a la relacionada con la de inteligencia y contrainteligencia y por eso declaró inexequible esos artículos.

No obstante, el resto del proyecto de ley fue avalado y así solo falta la sanción presidencial para que empiece a regir en Colombia un nuevo marco jurídico que delimita y establece los mecanismos para llevar a cabo las labores de inteligencia y contrainteligencia del Estado.

Con este proyecto, ahora esa reserva de la información de inteligencia se amplía de 20 a 30 años y, excepcionalmente, el Presidente de la República podrá extenderla a 15 años si se considera que supone una grave amenaza interna.

Sobre este punto, la Corte dejó en firme la claridad de que el mandato de la reserva no opera para los periodistas ni medios de comunicación y tumbó la pretensión del Congreso de que información relacionada con grupos armados al margen de la ley estuviera reservada hasta que se desmovilizaran o dejara de existir.

Esa información podrá ser entregada a las autoridades judiciales, disciplinarias y fiscales, si no pone en riesgo la seguridad nacional o la integridad de las personas.

Como elemento esencial del proyecto de ley, está la creación de una Junta de Inteligencia Conjunta, JIC, conformada por las dependencias de inteligencia de las Fuerzas Armadas, el Ministro de la Defensa y el Alto Asesor para la Seguridad Nacional, que deberán elaborar informes de inteligencia que sirvan de apoyo para la toma de decisiones del Gobierno Nacional.

Cada año, la JIC deberá presentar un Plan Nacional de Inteligencia que establezca las prioridades de Colombia en esta materia. Una vez creado, solo el Presidente o quien este designe podrá añadir requerimientos a ese plan.

Esa Junta tiene funciones establecidas por ley, inmodificables, y deberá establecer los mecanismos necesarios para salvaguardar la reserva de este tipo de información que está relacionada con la seguridad nacional, la protección de la soberanía, la defensa de la nación y para la protección de las instituciones.

Se estipula en el proyecto que no puede recopilarse información a través de menores de edad y que las misiones para este fin estarán enmarcadas en el cumplimiento de la Constitución.

Esta nueva normatividad avala el monitoreo del espacio electromagnético en el marco de una misión de inteligencia, sin que esto constituya interceptación ilegal, dejando en claro que la información que no sea pertinente tendrá que ser destruida.

Señala, además, que la interceptación telefónica o móvil solo se puede hacer con orden judicial y crea un banco de datos en los organismos de inteligencia que tendrá estrictos controles e, incluso, una comisión de depuración de lo que contengan que contará con personas como el Procurador General y representes de la sociedad civil.

Igualmente, en el Congreso de la República se conformará una Comisión de Seguimiento a las Actividades de Inteligencia y Contrainteligencia, que estará confirmada por ocho parlamentarios, dos de ellos de los partidos de oposición, que tendrá como fin hacer control político y que solo para esos debates podrá conocer detalles de las misiones y del Plan Nacional de Inteligencia.

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