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Corte privilegió el derecho de los niños de estar con su padre adoptante

Fueron tres argumentos fundamentales los que tomó la Sala Séptima de Revisión de Tutelas de la Corte Constitucional para entregarle al periodista estadounidense Chandler Burr la custodia definitiva de dos menores de edad colombianos, de 10 y 13 años de edad, que adoptó en marzo de 2009 como padre soltero, pero que luego estuvo en entredicho cuando reconoció su orientación homosexual.

En primer lugar la Sala consideró que el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) no demostró que existiera una amenaza sobre la salud emocional de los niños cuando estos ya vivían en adopción, siendo esa la razón que invocó para quitarle los menores a Burr, luego de que una de sus funcionarias se enterara que era homosexual, por boca del mismo periodista.

Cuando esa declaración se produjo, el ICBF decidió comunicarse con la Embajada de Estados Unidos para impedir que Burr regresara a su país, inició un proceso de restablecimiento de derechos y luego envío los niños a un hogar sustituto en San Gil, Santander, el mismo de donde habían salido para la adopción.

“La Defensora de Familia no contaba con evidencia de que existiera amenaza alguna sobre los derechos de los niños. En efecto, en las diligencias de verificación de derechos del 31 de marzo de 2011, los profesionales del ICBF concluyeron que los niños estaban en buen estado físico y demostraban cuidado, y que si bien estaban alterados emocionalmente, ello se debía a que fueron separados de (Burr) y se les impidió viajar con él”, señaló la Sala.

En segundo lugar, la Sala de la Corte Constitucional señaló que aunque eventualmente se hubiera concluido que sí existía una amenaza, el ICBF tampoco probó que existiera un nexo causal entre dicho riesgo y la falta de información sobre la orientación sexual de Burr en el proceso de adopción.

“Por el contrario la amenaza, en concepto de los profesionales del área psicosocial del propio ICBF, devino de las consecuencias que podría traer la denuncia penal formulada contra (Burr), la separación de los niños de (Burr) y la interrupción de su viaje a Estados Unidos, es decir, la amenaza no era imputable –a juicio de los sicólogos y trabajadores sociales del ICBF- a la falta de información sobre la orientación sexual de (Burr)”, señala la providencia de la Sala.

Igualmente, la Corte resaltó que de los conceptos de los profesionales del área sicosocial del ICBF se deduce que la posibilidad de que se revocara la adopción “en ese momento estaba alterando y amenazando la salud “emocional y mental” de los niños”.

En este punto, también criticó la Sala que el proceso hubiera sido abierto en el ICBF por considerar como una “amenaza” la ausencia en el proceso de adopción de la información sobre la orientación sexual de Burr y su relación con otro hombre.

En el expediente se cita una información de la Subdirectora de Adopciones, del 11 de junio de 2011, en la que se limitó a afirmar que después de enterarse de que Burr era homosexual habló con la oficina jurídica “dada la incidencia de esta omisión en el proceso de adopción”.

“Nótese que la funcionaria dio por sentado que la orientación sexual del peticionario habría podido afectar el resultado del proceso de adopción y generaba una amenaza sobre los derechos de los niños, razón por la cual solicitó una diligencia de verificación de derechos, pero nunca explicó las razones en las que se basaron sus conclusiones”, señaló la Corte.

En tercer lugar, la Corte manifestó que la medida adoptada por el ICBF, de restablecimiento de derechos de los niños, no sólo no estaba justificada, sino que era desproporcionada, ya que separar a un niño de su familia debe ser una medida “excepcional”.

En este caso, la Sala encontró que “la Defensora de Familia resolvió adoptar una de las medias de restablecimiento más drásticas -pues la ubicación en hogar sustituto conlleva la ruptura del núcleo familiar, sin que existiera evidencia de una amenaza de tal magnitud que la justificara”.

Finalmente, la Corte cuestionó que la Defensora de Familia que asumió el caso no tuvo en cuenta la opinión de los niños a la hora de dictar la medida de restablecimiento, pese a que los niños de forma reiterada manifestaron su deseo de vivir con Burr y de no ser separados de él.

-EE.UU. no permite discriminación sexual en adopciones

Por otro lado, la Corte Constitucional igualmente trajo a colación el hecho que las leyes de los Estados Unidos prohíben que se discrimine a una persona cuando esté solicitando una adopción, o al otorgarle la aprobación para adoptar, con base en su orientación sexual.

Este punto es clave ya que Burr solicitó en 2009 la adopción de los menores a través de la agencia Baker Victory Services en Nueva Jersey, que tiene convenio con el ICBF y que fue la que realizó los estudios dirigidos a evaluar su aptitud como padre adoptivo.

“Dicho estudio de hogar se efectuó de conformidad con todas las normas y reglamentos del estado de Nueva Jersey y, dentro del cumplimiento de tales reglamentos, se obtuvieron los registros de historia criminal y de abuso de menores, sin que existiese ningún cargo en contra. Igualmente, la Dra. Linda Busch, psicóloga clínica licenciada, se hizo cargo de la evaluación psicológica y no encontró ningún síntoma psicológico que pudiese afectar la capacidad de crianza del padre adoptivo”, señala el reporte entregado a la Corte.

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