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Crece polémica por traslado de Plazas Vega a guarnición militar

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Jaime Granados, abogado defensor del coronel en retiro Luis Alfonso Plazas Vega, dijo ayer que se siente complacido porque el Inpec acató la orden que había dado la jueza tercera especializada de recluir a su cliente en una guarnición militar, en este caso es la Escuela de Caballería.

Agregó que según la ley colombiana, el alto oficial tiene derecho a ese sitio de reclusión por su servicio en las Fuerzas Militares y por su estado de salud.
"La jueza tercera especializada ordenó no enviarlo a un sitio de reclusión, el oficio así lo dice y el Inpec, siguiendo las reglamentaciones al respecto, lo envía a una guarnición militar especial donde están muchos generales y oficiales que están siendo procesados, por tanto, se cumplió textualmente lo que dijo la jueza", indicó el abogado Granados.
Sobre las opiniones de los familiares de las víctimas de la retoma al Palacio de Justicia, de que el coronel Plazas debe ser internado en un centro carcelario, Granados dijo que su dolor es comprensible, "pero ellos no son jueces y los únicos en decidir sobre qué medida es más apropiada para el procesado son los jueces".

EL GOBIERNO
Por su parte, el abogado defensor de las familias de los 11 desaparecidos en la retoma del Palacio de Justicia, Jorge Eliécer Molano, aseguró que no haber trasladado al coronel en retiro Plazas Vega a la cárcel La Picota, "es una decisión del Gobierno que demuestra su interés de darles beneficios y tratos benévolos a los criminales en el país".
Y anunció que "si la decisión del Gobierno ha sido trasladar al coronel Plazas al Cantón Norte, vamos a iniciar las acciones judiciales".
El pasado viernes 25 de junio el coronel en retiro Alfonso Plazas Vega fue trasladado del hospital Militar al Batallón de Infantería en el Can-tón Norte, en Bogotá.
Según fuentes del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, Inpec, el operativo se realizó de manera calmada.
El coronel Plazas Vega fue condenado el pasado 9 de junio a 30 años de cárcel por el delito de desaparición forzada y agravada, en el caso de la retoma al Palacio de Justicia en noviembre de 1985 y la desaparición de 11 personas.
Ese día, la jueza tercera especializada Stella Jara decidió decretar la improcedencia de las nulidades planteadas por la defensa del coronel y condenó al ex oficial a la pena principal de 30 años y la posibilidad de realizar funciones públicas hasta por 10 años.

EL JUICIO
Entre los argumentos sustentados en el texto de sentencia se destaca que "se tuvo en cuenta la calidad que ostentaba el enjuiciado al momento de los hechos, que obligaba a velar por la honra y guarda de los bienes jurídicos de los sobrevivientes del Palacio de Justicia, el dolo por él deve-lado, quien, como se dejó sentado, dispuso el traslado de varios sobrevivientes a diversas guarniciones militares primordialmente a la Escuela de Caballería, y permitió que sobre ellas recayeran tratos crueles e inhumanos para luego desaparecerlas".
En el fallo la jueza también se abstuvo de imponer condena en perjuicios a favor de las víctimas, ya que en el proceso los abogados dejaron claro que su interés era exclusivamente el de conocer la verdad y proclamar justicia.
Dentro de las decisiones la jueza declaró que Plazas Vega no se hace acreedor de la suspensión de la pena ni prisión domiciliaria, aunque sí el tiempo que permaneció en detención intramural por razón de la investigación.
Asimismo, ordenó a los funcionarios del Inpec, trasladar al coronel retirado a un sitio de reclusión.

EL TRASLADO
El pasado martes 22 de junio, la jueza Stella Jara había ordenado al Inpec el traslado inmediato del coronel en retiro Plazas Vega a la cárcel La Picota de Bogotá, para cumplir la condena a 30 años.
Esta solicitud la hizo la jueza a través de un oficio en donde informaba al Inpec de lo ordenado en la sentencia del 9 de junio de 2010 proferida contra el Coronel en retiro, y en la que se dice que deberá ser trasladado a un sitio de reclusión para cumplir con su condena.
Desde hacía 8 meses, Plazas Vega estuvo internado en el Hospital Militar, porque según un dictamen médico emitido, el ex oficial sufre de crisis nerviosas que necesita de un cuidado médico permanente.
Sin embargo, un diagnóstico emitido por el Instituto Nacional de Medicina Legal señaló que si bien el ex oficial padece de ansiedad, no se han alterado sus funciones mentales y la ayuda que necesita no es permanente sino esporádica.

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