Defensor pide legislación para que fuerza pública combata bacrim

Como “gravísimo” calificó el Defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora Gómez, el mapa de orden público del país por las acciones de las bandas criminales, al punto que reiteró su llamado al Gobierno con el fin de que “tome las medidas que sean necesarias para combatir de manera urgente y efectiva a este tipo de estructuras”.
“Esto inicia desde el Valle del Cauca, el mismo Cauca, los Santanderes y el nordeste antioqueño, que ha tenido graves problemas de esa naturaleza”, dijo Otálora Gómez.
“Los hechos se han venido denunciando y convocando a la Fuerza Pública, para, si es necesario, (se tramite) una legislación que los ampare a ellos en este tema para poder enfrentar el grave flagelo que se está presentando con las denominadas bandas criminales, que para la Defensoría son grupos armados ilegales que están retomando algunos territorios del país”, dijo.
Para el Defensor, esos grupos vienen generando muerte, desplazamientos, reclutamiento forzado y otras acciones ilegales que afectan a la población más vulnerable en gran parte de Colombia.
Las bandas criminales “dejaron de ser simples bandas delincuenciales para convertirse en verdaderos grupos armado ilegales, con la capacidad militar y la organización suficientes para asolar no solo al departamento del Chocó, sino que han extendido sus tentáculos a lo largo y ancho del territorio nacional”, dijo.
Así lo advirtió durante una visita humanitaria a la cárcel de Bellavista, en Medellín, en la que, además de constatar las condiciones de hacinamiento y las deficiencias en la prestación del servicio de salud a la población reclusa, alertó sobre el creciente número de familias que siguen desplazándose de varios corregimientos del municipio chocoano del Litoral del San Juan.
Otálora Gómez recordó que desde el pasado 5 de enero no ha cesado el desplazamiento forzado de población afrocolombiana en esa región del sur del Chocó por cuenta de los enfrentamientos que libran los grupos armados ilegales ‘los Rastrojos’ y ‘los Urabeños’ por el control territorial de la zona, en donde también operan las guerrillas de la Farc y el ELN.
EL CASO DEL CHOCÓ
Ante la difícil situación de la población en el Chcó, Otálora Gómez envió una comisión del Sistema de Alertas Tempranas (SAT) de la Defensoría del Pueblo para verificar que las autoridades competentes brinden asistencia humanitaria e integral a las víctimas.
Esa comisión estará acompañada por funcionarios de la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) con el fin de garantizar la protección de los derechos humanos de las comunidades afectadas.
Según los datos más recientes de la Defensoría Regional Chocó, ya son 681 personas de 213 familias afrocolombianas las que han sido obligadas a dejar sus territorios. Hasta el momento se registran como desplazadas a 453 personas del corregimiento de Togoromá (142 familias); 60 personas del corregimiento de Charambirá (27 familias); 65 personas del corregimiento de Pichimá (15 familias) hacia Docordó, cabecera municipal del Litoral del San Juan, y se espera que este jueves lleguen cerca de 60 personas más de Pichimá.
Adicionalmente, 48 personas (18 familias) de Charambirá se están desplazando hacia Buenaventura y 11 familias desplazadas de la comunidad de Playita pretenden llegar a Docordó, pero no cuentan con las condiciones de transporte y por el acoso de uno de los grupos armados ilegales.
Otálora Gómez recordó que el SAT, el 20 de diciembre de 2012, había hecho una nota de seguimiento recordando a las autoridades competentes de la dinámica del conflicto armado en el Bajo, Medio y Alto Baudó chocoano, en la que se alude al escenario de disputa territorial entre ‘los Urabeños’ y ‘los Rastrojos’, que afectan los derechos fundamentales de las comunidades indígenas y afrocolombianas que habitan en el territorio.
Sin embargo, destaca que la lucha por el control del territorio entre estos grupos armados ilegales en dicha zona se extendió hasta el municipio limítrofe del Litoral del San Juan.