‘Defensoría no tiene plata para implementar Ley de Víctimas’

Sin presupuesto para poner en marcha la Ley de Víctimas se encuentra la Defensoría del Pueblo. Así lo reveló a Colprensa el Defensor Jorge Armando Otálora, quien anunció que convocará a la Comisión de Seguimiento de esa norma para exponer la situación.
El hecho resulta por lo menos paradójico si se tiene en cuenta que, para Otálora, la Defensoría tiene la bandera de la representación de las víctimas no solo del conflicto, sino del posconflicto. “Si se quiere materializar la Ley de cara a los colombianos, hay que generar el presupuesto”, dice.
Otálora también advirtió que demandará penalmente a los alcaldes y gobernadores que no atiendan los llamados que haga la entidad. Según él, a muchos mandatarios locales no les gusta el Sistema de Alertas Tempranas. “Unos se quejan de que al emitir una alerta se puede desmotivar el turismo o desanimar la inversión en a región”, dice.
También se refiere a las Bacrim, organizaciones criminales para las cuales reclama tratamiento de organizaciones armadas ilegales y pide contra ellas la acción de las Fuerzas Armadas y no solo de la Policía.
- ¿Cómo ha sido el proceso de mejoramiento de las dependencias de la Defensoría, en especial las que tienen que ver con atención al ciudadano, con miras de la Ley de Víctimas?
En el tema de víctimas la Ley nos da unas funciones específicas, no solo a nosotros, sino a un número amplio de entidades del Estado. Sin embargo, con preocupación, con el Procurador General de la Nación y la Contralora General de la República, hemos observado que el Ministro de Hacienda no ha puesto los recursos necesarios para poner en marcha esto. Vamos a hacer una convocatoria a la Comisión de Seguimiento a la Ley de Víctimas para que nos invite a los organismos de control y a los ministros de Hacienda y del Interior, diciéndoles que esta ley, que ya es una realidad, si la quieren materializar de cara a los colombianos, hay que cumplir unos requisitos y uno de ellos es generar el presupuesto.
- ¿Ya tiene, o también dependería de ese presupuesto, el personal experto en Ley de Víctimas, particularmente relacionado con minorías étnicas?
En la ley de Víctimas hay un gran componente de defensores públicos que son los que van a generar todo ese proceso de pedagogía con las víctimas y también de representación ante el Estado para hacer sus reclamaciones. Luego es un componente de demás de mil defensores a nivel nacional. Y eso es lo que estamos reclamando del señor Ministro de Hacienda.
OTRO TRATAMIENTO A LAS BACRIM
- ¿Cómo le fue en su reunión con el Ministro de Defensa?
Fue una reunión muy cordial. Se habló del seguimiento que se les va a hacer de manera conjunta a las alertas tempranas que nosotros pronunciemos desde la Defensoría.
- En la carta que le envió, usted le hace unas peticiones puntuales al Ministro. ¿Hubo respuesta?
Sí, claro. Ahí estuvimos mirando el tema de la legislación en torno a las Bacrim. Estuvimos analizando un decreto que se expidió en el 2010, en el que a la Policía se le dan las facultades para combatir a las Bacrim, que para la Defensoría del Pueblo son más que unas bandas criminales. Antes creíamos que estamos hablando de grupos armados ilegales que tienen toda una estructura y una logística en muchas regiones del país, armamento largo, uniformes y una cantidad de cosas que ya traspasan el tema de una banda para ser tenidos en cuenta como un grupo armado ilegal.
- Entonces, ¿puede venir un cambio en la forma como la Policía y las Fuerzas Militares enfrentan las Bacrim?
Sí, pues ellos han venido actuando de esa manera. Y consideramos como Defensoría que es el camino indicado.
¿Usted cree que a las Barcrim se les ha subvalorado en su fuerza?
El comentario que ellos (Ministerio de Defensa) nos hacían es que a medida que los van sacando de unos sectores, se van replegando y tratan de ejercer su acción criminal en otras regiones.
- Hoy las Bacrim aparecen por todas partes y casi todo lo que sucede en el país termina siendo culpa de esas bandas criminales. ¿Cuánta gente tienen? ¿En cuánto territorio hacen presencia?
Hay unas regiones en las cuales se les señala problemas de orden público y para nosotros graves violaciones de derechos humanos, porque son enfrentamientos entre estos grupos armados ilegales. Un caso es Buenaventura, donde se están enfrentando por territorio estos grupos. En el Meta tenemos identificado a otro grupo que se llama ‘Libertadores del Guaviare’. Pero frente a la capacidad que tenga cada uno de estos grupos en estos momentos, no estaría en condiciones de hacer una referencia.
- ¿Si son grupos armados ilegales quiere decir que las AUC no se acabaron, sino que cambiaron de nombre, que hubo una especie de disgregación?
Sin lugar a dudas, y es la información que reposa en la Defensoría. Esos grupos son reductos de las autodefensas que no se acogieron a los procesos de paz y decidieron continuar su acción criminal y así están actuando.
- Usted asegura que se presenta de manera inusitada el incremento de ataques y acciones violentas por parte de estos grupos. ¿Desde cuándo vienen notando ese incremento y contra qué otro periodo lo comparan?
Ustedes entenderán que yo llevo más de dos meses en el cargo, sin embargo la Delegada del Sistema de Alertas Tempranas tiene un consecutivo de los diferentes pronunciamientos que ha hecho la Defensoría en especial en el Cauca y Valle del Cauca, donde se dan permanentes enfrentamientos que generan desplazamientos sistemáticos.
La convocatoria que hacíamos de las Fuerzas Armadas es que esos enfrentamientos no se pueden atender dándoles los primeros auxilios de comida y artículos de aseo, sino garantizándoles una estabilidad en sus regiones.
- Entonces, lo que se señala es una trayectoria permanente, no un cambio inusitado.
No. En otras regiones del país sí se han presentado cambios que no se habían alertado. Fíjese: nadie pensaba en Santa Rosa de Osos para una masacre tan repudiable como la que presenciamos. Había boleteo y extorsiones, pero nunca se habían presentado violaciones tan flagrantes al Derecho Internacional Humanitario. Ese puede ser uno de esos casos.
ALERTAS TEMPRANAS
- Usted dice que en Santa Rosa de Osos hubo alertas tempranas.¿No será que el sistema de alertas a la larga no sirve?
No, al contrario. Es un instrumento muy válido para las Fuerzas Militares. Lo que ocurre, y es un tema que se tocó en la reunión que tuvimos con el Ministro de Defensa, es el tiempo de duración de una alerta.
- ¿Y a qué conclusión llegaron de la vigencia de las alertas?
Es un tema que vamos a evaluar porque no se pueden reglar todas las alertas: unas son de desplazamiento, otras de derechos humanos…; Hay que ver cómo reglamentamos ese tema para poder generar un término, pero que adicionalmente se pueda refrendar. Si continúa la alerta, pues simplemente se refrenda para que el Estado siga tomando medidas y siga teniendo presencia en los sitios que se están mencionando.
- En ese mismo sentido, debe haber algo que no está funcionando bien. ¿Quizá sea la cooperación institucional?
Exactamente. El Estado tiene una institución creada que es la CIAT (Cooperación Institucional de Alertas Tempranas), diferente al SAT (Sistema de Alertas Tempranas). Cuando emitimos una alerta de esas, el CIAT la valora y si la considera de tal fuerza la trasmite a todos los organismos del Estado relacionados. Es un tema para sentarnos a fortalecer y a mirar su funcionamiento.
- ¿Ha disminuido el trabajo interinstitucional, como dicen críticos de este Gobierno, en la lucha contra los grupos organizados al margen de la ley?
No. No lo creo, nuestro país lleva tal ritmo que todos los días hay un clamor diferente. Una cosa era la actitud de las Fuerzas Armadas antes de que se presentara un proceso de desmovilización de las autodefensas; otra cosa es la escalada de la guerrilla en determinadas regiones. Un pronunciamiento de esa naturaleza sería irresponsable de mi parte con las Fuerzas Armadas.
VIENEN DEMANDAS PENALES
- Usted llama la atención de autoridades nacionales, regionales y locales…;
Gobernadores y alcaldes, frente a una alerta temprana, son los primeros llamados a convocar a las autoridades de otras instituciones para que hagan acompañamiento. Lo que ocurre es que a muchos mandatarios locales no les gusta el Sistema de Alertas Tempranas, porque se quejan de que, al emitir una alerta temprana, se puede desmotivar el turismo, desanimar la inversión en a región. Pero nosotros continuaremos haciéndolo.
- Dice que la falta de actuación por parte de las autoridades frente a las acciones criminales constituye fallas que rayan en lo penal y lo disciplinario. ¿Va a actuar, en el ámbito de su competencia, frente a las personas que no actúen?
Es mi deber como funcionario público. Si yo considero que se está cometiendo un hecho irregular, la Constitución y la ley me imponen presentar denuncias. No se le olvide que hay muchas actuaciones en las que los funcionarios públicos podemos ser responsables por omisión, que es lo que se conoce como comisión por omisión.
- ¿O sea que se puede esperar en adelante eventualmente demandas penales contra alcaldes y gobernadores que no actúen?
Exactamente. Contra cualquier funcionario público que no atienda los llamados que hemos venido haciendo. Ojalá no tuviésemos que hacerlo.
- Si, como usted señala, las Bacrim son herencia de las extintas AUC, ¿qué puede esperar el país si eventualmente tiene éxito un proceso de paz con las Farc?
Este es un tema en el cual el país debe tener esas experiencias muy de presente. Primero, sobre el actual proceso de paz, como Defensor del Pueblo, auguro todo el éxito en beneficio del país y de la sociedad. Pero, paralelamente a eso, y me imagino que el Gobierno lo tiene bien claro, debe tener de presente el trámite por unas leyes estatutarias y unas leyes ordinarias para el posconflicto, un tema bien interesante y complicado. Porque el tema fundamental es hacer la paz, pero después de eso, hacerla efectiva a través de la justicia transicional y de las medidas que se toman para el conflicto es un gran reto para el Estado.
- ¿Usted se imagina la Defensoría en el posconflicto? ¿Cuál sería su papel?
Es un papel muy importante porque la Defensoría tiene la bandera de la representación de las víctimas, no solo del conflicto, sino del posconflicto.
- ¿Qué tan cerca están las Farc en algunas zonas del país con bandas criminales?
Siempre se ha dicho que en algunos sectores del país tienen cercanía por temas de narcotráfico, porque tienen un subsidio de esta actividad criminal.
SITUACIÓN EN REGIONES
- ¿Qué cree que está pasando en el Chocó?
En el Chocó está actuando el Frente 34 de las Farc, y tiene unos antecedentes de la presencia de estos frentes en las regiones que, sin lugar a dudas, han intimidado a los ciudadanos. Pero tenemos que reconocer que la presencia del Ejército ha aumentado porque está escoltando las caravanas fluviales y terrestres, e incluso en forma aérea está vigilando. Pero el temor que ya existe entre los ciudadanos es una preocupación.
- ¿Y en Buenaventura qué es lo que encuentra?
Ahí la información que se tiene es que hay un enfrentamiento permanente entre dos grupos armados ilegales, ‘los Urabeños’ y ‘los Rastrojos’. Esto ha generado, además de violaciones de derechos humanos, un grave desplazamiento intraurbano.
- Usted dice que se sorprendió con lo que pasa en el nordeste antioqueño…;
Ahí había unas alertas sobre unas regiones que siempre han estado siendo víctimas de enfrentamientos de estos grupos. Hablo de Remedios, Segovia, Zaragoza, que han sufrido las consecuencias de la presencia de estos grupos. Pero a Santa Rosa de Osos la teníamos como una región que estaba siendo boleteada, extorsionada, pero que no estaba siendo víctima de una presencia de esa naturaleza.
- En el Catatumbo y la zona de Norte de Santander y de frontera con Venezuela, ¿qué encuentra?
Hay un grave problema no solo del ELN, sino de grupos armados ilegales que también hacen presencia.
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