Ese decreto ley, mejor conocido como el estatuto del soldado profesional, había sido considerado por el presidente de la República, Juan Manuel Santos, como un exceso y una violación al debido proceso por lo que el pasado siete de agosto pidió al Ministerio de la Defensa que revisara la norma.
Fueron demandados los artículos 8, 11 y 21 que dejan explícito que en caso de existir en contra del soldado una detención preventiva que exceda de sesenta 60 días calendario. Esto, sin que se haya resuelto su situación judicial.
La Defensoría Militar, Demil, estimó que esta situación “afecta los derechos a la igualdad, presunción de inocencia, trabajo, entre otros derechos de los soldados profesionales. Así mismo dentro de la demanda se pidió la suspensión inmediata del decreto para evitar que se siga aplicando el mismo mientras la demanda se decide de fondo”.
Poco después de la petición de revisión de la norma, el director de la Demil, Jean Carlo Mejía Azuero, señaló que esta norma no estaba siendo aplicada en razón del principio de inaplicabilidad que prevé la Constitución Política, en el entendido que era violatoria del debido proceso.
Pero según indicó Mejía Azuero, tras los escándalos de presuntos excesos en la prisión militar de Tolemaida, Comisión de Verificación recomendó que la norma empezara a aplicarse aún en el entendido de que en Colombia un proceso penal no se resuelve en 60 días.
En manos del Consejo de Estado queda resolver esta demanda de inconstitucionalidad. Por ahora, se sabe de al menos 172 militares que han sido retirados, muchos de los cuales ya han interpuesto tutelas.
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