Denuncian 22 activistas asesinados en 75 días

La buena voluntad expresada por el nuevo Gobierno colombiano para mejorar la situación de los derechos humanos no ha impedido el asesi-nato de 22 activistas, un periodista y un juez durante los primeros 75 días de gestión, según un informe presentado ayer durante una audiencia pública de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Murieron siete indígenas, cinco sindicalistas, cuatro por tenencia de tierras, dos educadoras comunitarias, dos defensoras de derechos de ho-mosexuales, una afrocolombiana y una dedicada a investigar ejecuciones extrajudiciales, dice el estudio. El informe fue elaborado por casi 200 organizaciones que conforman la Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos sobre los primeros 75 días de la presidencia de Juan Manuel Santos. UN PERIODISTA La lista incluye además el homicidio de un periodista y el de un juez de garantías que debió atender casos por ejecuciones extrajudiciales y por hornos crematorios donde los paramilitares se deshacían de cadáveres. También menciona la desaparición de otras dos activistas. “Queremos que quede clara la diferencia con el gobierno saliente, si hay o no distanciamiento o una continuidad con estilo diferente respecto a (el ex presidente Alvaro) Uribe”, dijo a periodistas María Victoria Fallon del Grupo Interdisciplinario de Derechos Humanos (GIDH). “Ahora no hay insultos ni frases acusadoras. Ahora hay una actitud concertante, pero queremos que se vea en la práctica”. “En estas condiciones es imperioso que el gobierno reconozca que en Colombia no hay situación postconflicto, que hay un conflicto armado, que los esfuerzos de justicia y paz han fracasado, que Colombia necesita una política pública de paz y que las víctimas necesitan que se les haga justicia”, señaló Fallon al intervenir durante una audiencia pública sobre la situación de los derechos humanos en Colombia. Liliana Avila de la Comisión de Justicia y Paz (CIJP) solicitó a la CIDH que visite Colombia para evaluar directamente la situación de derechos humanos, que inste al Estado a reconocer la existencia de un conflicto armado y convoque a mecanismos de participación ciudadana para promover espacios de paz, elabore lineamientos para devolver tierras a los despojados y un marco jurídico para garantizar la satisfacción de justi-cia a las víctimas.