Denuncian al presidente Rafael Correa

Un grupo de 10 penalistas expertos en derecho internacional revivieron la denuncia contra del presidente ecuatoriano, Rafael Correa, por su presuntos nexos con la guerrilla de las Farc. La intención de los juristas es que el mandatario del vecino país sea procesado ante la Corte Penal Internacional -CPI-, por, presuntamente, haber favorecido a las Farc brindándoles protección en su territorio. Pero las pretensiones de los abogados no se quedan ahí, pues también están dirigidas al ex ministro Gustavo Larrea y el ex viceministro Ignacio Chauvín, este último reconoció públicamente su cercanía con el grupo armado ilegal. A la cabeza de las acciones estará el abogado Abelardo de la Espriella, quien aseguró que “no podemos dejarnos amedrentar de un Gobierno, como el de Correa”, el cual calificó de “mafioso”, y añadió que la cuestión es de “dignidad por nuestro país (…;) ahora resulta que le salimos a deber”. Esta acción se emprende dos días después de que la Interpol negara la petición de un juez ecuatoriano para que se procediera a la captura del ex ministro de Defensa, Juan Manuel Santos. La razón fue que, en el fondo del asunto, existían consideraciones claramente políticas, a pesar del ropaje relacionado con la muerte del ciudadano ecuatoriano Franklin Aisalla en el bombardeo al abatido jefe de las Farc “Raúl Reyes”. Ya el recurso fue radicado en la Fiscalía General de la Nación. Los argumentos que sustentan la demanda serán, entre otros, los correos encontrados en los computadores “Reyes”, y que fueron encontrados en territorio ecuatoriano el primero de marzo de 2008, tras la llamada operación “Fénix”. Según los penalistas, el material encontrado en los equipos y la posterior confesión por parte de Chauvín son razones suficientes para que las autoridades penales internacionales entren a operar. Ante la pregunta relacionada con el futuro de la denuncia contra Correa, teniendo en cuenta el antecedente del ex ministro Juan Manuel Santos en la Interpol, De la Espriella fue categórico en manifestar que son cosas muy distintas. Al respeto el penalista explicó que el ex ministro obró de manera legal en contra de un grupo terrorista, y que las razones de Ecuador, tal como lo manifestó la Interpol, fueron políticas. “En este asunto son las comunicaciones que ‘Reyes’ sostenía con miembros del gobierno ecuatoriano las que dan muestra de la ilegalidad”, dijo el abogado. En esta oportunidad la condición de ex ministros que tienen Larrea y Chauvín, partiendo de la legalidad que la propia Interpol de dio a los computadores de ‘Reyes’ –dijo De la Espriella- permitirían considera que la captura por parte del organismo internacional es segura.