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Desmovilizados deberán participar en proceso de reintegración para no ir a la cárcel

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En diciembre de 2010 fue sancionada la ley 1424 más conocida como ley de desmovilizados y que obliga a cumplir con el proceso de reintegración (a la vida civil)  que ofrece el Gobierno so pena de perder su libertad.

Los beneficios de la nueva norma de justicia transicional como la suspensión de órdenes de captura o de ejecución de penas, son aplicables sólo a las personas desmovilizadas de forma individual o colectiva y sobre las que pesa el delito de concierto para delinquir, utilización ilegal de uniformes e insignias, utilización ilícitas de equipos transmisores o receptores y porte ilegal de armas o municiones de uso privativo de las fuerzas armadas con ocasión de su pertenencia al grupo armado ilegal.

“Para ser más precisos, va dirigida a quienes no incurrieron en conductas diferentes a su sola pertenencia a los grupos armados ilegales.  Quienes hayan cometido otro tipo de delitos tendrán que someterse al marco de Justicia y Paz o a la ley ordinaria”, explicó el Presidente, Juan Manuel Santos.

Este nuevo mecanismo tampoco beneficiará a quienes hayan cometido delitos dolosos después de su desmovilización. Por su parte, el Alto Consejero Presidencial para la Reintegración, Alejandro Eder, aseguró que el propósito es cumplir con los compromisos de paz del Gobierno Nacional, al tiempo que se busca garantizar los derechos de las víctimas como la no repetición.

“Hoy, más de 32 mil personas desmovilizadas están activos en el proceso de reintegración reconstruyendo sus vidas en la legalidad, volviendo al seno de sus familias. Esta ley nos permite cumplir los acuerdos de paz del Gobierno y ratificar que se el cumple a quien le cumple al país”, afirmó Eder.

Según el presidente Santos,  la nueva norma “complementa las medidas que propenden por la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas” en tanto que se podrá conocer el contexto de los hechos violentos y porque la población desmovilizada deberá contribuir con la reconstrucción de la memoria histórica, mediante un mecanismo no judicial.

Por eso el consejero Eder invitó “a los desmovilizados que ya culminaron el proceso o que optaron por no participar del mismo, a que se presenten ante la ACR para cumplir con los requisitos de la ley 1424 y no perder sus beneficios jurídicos”.

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