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Destituidos e inhabilitados por 17 y 12 años exgobernadores del Valle Abadía y Useche

La Procuraduría General de la Nación destituyó e inhabilitó por el término de 17 y 12 años, respectivamente, a los exgobernadores del Valle, Juan Carlos Abadía y Héctor Fabio Useche, por haber suscrito de manera directa un contrato por mil millones de pesos con la IPS Bolaños Ltda para la realización de unas cirugías bariátricas (de reducción de peso).

El procurador delegado para la vigilancia administrativa, Fernando Brito, señaló que se trató de una falta disciplinaria gravísima a título de dolo por parte de Useche y Abadía. A este último, se le impuso la sanción de 17 años por ya tener una destitución.

Brito estimó que la Gobernación sí podía, si esa era la intención, contratar con dicha firma pero que para esto se debían seguir unas reglas que fueron incumplidas. Por ejemplo, no se argumentó de manera previa y jurídica por qué debía contratarse de manera directa y señaló que se debían seguir los requisitos de la contratación estatal como la publicidad, transparencia, selección objetiva e imparcialidad.

Cuestionó que en los estudios técnicos, realizados por la médica Janet Vélez, se desconoció la reglamentación (decreto 926 de 2008) que señalaba que estos contratos deben hacerse de manera de selección abreviada por lo que si se quería hacer de forma directa debía argumentarse.

Brito aseveró que de acuerdo con la Corte Constitucional, sólo se puede contratar de forma directa de forma excepcional, por lo que cuestionó que la defensa de ambos exgobernadores haya argumentado que ese es un procedimiento que se hace normalmente en la Gobernación.

“Si esa es la práctica pues lo que voy a hacer es compulsar copias para que se investigue a los demás que corresponda”, señaló.

Igualmente, consideró el procurador Brito como una falta completamente irregular que el estudio de mercado se haya entregado al entonces secretario de Salud, Useche, de forma directa. “El estudio del doctor Bolaños, lo reconoció en esta audiencia, se lo entregó al doctor Useche cosa que tengo que considerar totalmente irregular porque en el proceso de contratación los servidores públicos están obligados a velar las normas”, dijo.

Igualmente, Brito cuestionó el estudio técnico previo que avaló la contratación por no tener soportes de por qué la firma Bolaños IPS era la más idónea, criticó que se hayan tenido como referencias datos de estudios en los Estados Unidos y que no se evidenciara un marco de referencia de precios que permitiera señalar que la opción de Bolaños era el más adecuado.

APELACIÓN

La sanción de primera instancia fue apelada por la defensa de Useche en cabeza de Rubén Darío Henao, quien reconoció falta de rigurosidad en el proceso de contratación pero consideró que sí se podía contratar de manera directa y que en el caso de Useche, no se puede hablar de dolo, porque había en la secretaría de Salud funciones delegadas y que Useche no tuvo de manera directa el conocimiento de los estudios sino que estuvo asesorado por abogados que determinaron que esa era la forma idónea para contratar.

Por su parte, el exgobernador Abadía cuestionó que se haya realizado la audiencia teniendo en cuenta que su defensor, Hernando Morales, renunció este martes. Sobre esto, Brito dijo que no tenía ningún impedimento para hacerlo.

Sobre los hechos, Abadía señaló que no se esperaba ni un solo día de sanción ya que él avaló un proceso de contratación que el equipo jurídico revisó y la secretaría de Salud preparó asegurándole que todo el proceso estaba correcto. Argumentó igualmente que en la gobernación hay delegación de funciones y por eso firmó basado en el principio de buena fe.

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