Ecos de un escándalo en el Consejo de Estado

Cerca de tres años debieron pasar para que uno de los casos que más conmoción causó en el país y que afectó el nombre del Consejo de Estado tuviera ecos en la Procuraduría General de la Nación.
Se trata de la sanción con la que fueron cobijados cuatro funcionarios del alto tribunal, entre ellos, el secretario de la Sección Quinta (electoral), Virgilio Almanza, suspendido con cuatro meses en el ejercicio de su cargo, por haber permitido que el entonces auxiliar judicial de la Sección Quinta Carlos Arturo Fernández Trujillo, siguiera desempeñando sus funciones, a pesar de estar involucrado en el escándalo que afectó a la Corporación. Precisamente Trujillo es otro de los afectados por la decisión de la procuraduría, pues lo destituyó e inhabilitó por  15 años.
Otro de los cobijados con la mediada fue el escribiente de la Sección Primera de la misma corporación, Edilberto Samuel Casas, destituido e inhabilitado por 14  años para ejercer cargos públicos.
Los nombres de estos exfuncionarios sonaron hace cerca de tres años cuando se conocieron conversaciones que enlodaban el nombre del Consejo de Estado, pues se habló de que al interior de la Corporación  se manejaban intereses ocultos para favorecer a algunas personas interesadas en el rumbo de determinados procesos.
De otra parte, el ente de control destituyó e inhabilitó por 13 años a la funcionaria de la Procuraduría General de la Nación, Esmeralda Muñoz Collazos, por el suministro de información reservada del proceso relacionado con el gobernador de la Guajira, a cargo de la Procuraduría Primera Delegada para la Vigilancia Administrativa.
DATO
El escándalo que comprometió a Fernández Trujillo se dio mientras éste se desempeñaba como asistente de la Sección Quinta del Consejo de Estado (electoral) pues fue descubierto luego de que Manuel Felipe Salazar Espinosa, extraditado a Estados Unidos, y condenado a 30 años de prisión, dijera por teléfono que necesitaba ‘arreglar’ un proceso en esa corporación.
RECUADRO 
Según la Procuraduría en un comunicado de prensa: “En el caso del magistrado auxiliar del Consejo de Estado, Mayfren Padilla Téllez, se sanciona con suspensión e inhabilidad por 4 meses por el incumplimiento del deber de efectuar declaración juramentada de bienes y rentas, habiéndose presentado una variación significativa en su patrimonio durante el año 2009, por la adquisición de un bien relacionado dentro de las interceptaciones que obran en el proceso”.