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Ejército debe proteger los derechos de los militares secuestrados: CSJ

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El Consejo Superior de la Judicatura falló la tutela de un exsoldado, quien luego tres años de secuestro le fue negada la atención médica y sicológica necesaria al sufrir de estrés postraumático.

La Dirección de Sanidad del Ejército deberá brindar atención a los problemas físicos y mentales que sufrió como consecuencia del secuestro prolongado.

El soldado había ingresado a prestar servicio militar obligatorio en 1998, y estaba apostado en la base militar de Miraflores, Guaviare. Luego del ataque de las Farc a esta base, fue secuestrado por este grupo guerrillero hasta el año 2001. Al salir libre, el Ejército le brindó atención sicológica por un tiempo muy breve y sin proveer soluciones a sus problemas de salud.

Tras una junta médica, se determinó que el exsoldado presentaba Síndrome de Estrés Postraumático, por lo que lo declararon no apto para la actividad militar. Dado que también presentaba una disminución de la capacidad laboral del 21.7%, el Ejército lo desvinculó de la institución.

En la acción de tutela el militar argumentó que, después del retiro, ha venido presentando comportamiento agresivo, desmejoramiento en su aspecto personal, delirio de persecución, alucinaciones auditivas e insomnio. Padecimientos que fueron confirmados por el Hospital Departamental Psiquiátrico Universitario del Valle, en Cali.

Ejército argumentaba que la Dirección de Sanidad no está obligada a prestar la atención médica que requiere el exsoldado retirado, teniendo en cuenta que no es militar activo ni es pensionado de la institución. Sin embargo, la Judicatura, determinó que el Ejército debe prestar la atención hospitalaria, terapéutica y farmacológica que el soldado necesita.

Según la ponencia del magistrado Jorge Armando Otálora, el soldado tiene derecho a toda la atención cuando su salud se lesione por actos derivados de la prestación del servicio.

El presidente de la Sala Disciplinaria, Henry Villarraga, aclaró que aunque la normatividad vigente señala que una vez finalizada la prestación del servicio militar cesan las obligaciones en materia de seguridad social para los uniformados, en el caso de los secuestrados, que sufren lesiones en su cautiverio, dicha regla presenta una excepción “debido a la afectación de sus derechos fundamentales y al peligro que se cierne sobre su salud y su vida”. El magistrado también aclaró que la enfermedad del reservista no existía con antelación a la prestación del servicio militar.

La sentencia también ordena al Ejército convocar una nueva Junta Médica para determinar si con base en el nuevo estado de salud del exmilitar, puede ser acreedor a una eventual pensión de invalidez.

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