El futuro de las pensiones está en poder de cinco juristas

Difícil tarea les quedó a los magistrados de la Corte Constitucional luego de que este jueves se cumpliera la anunciada audiencia pública en la que se debatió la viabilidad del monto de las pensiones de congresistas y magistrados, que superen los 25 salarios mínimos legales vigentes, es decir, cerca de 15 millones de pesos.
Prueba de lo anterior fueron las intervenciones del procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez; de la Contralora, Sandra Morelli; del ministro de Trabajo, Rodrigo Pardo y de la viceministra técnica del Ministerio de Hacienda, María Fernanda Maiguashca, y demás participantes, quienes pasadas las ocho de la mañana llegaron al salón de audiencias de la Corte Suprema de Justicia para participar fijar cada uno sus posturas.
La diligencia que estaba programada para las 8:00 de la mañana arrancó con 30 minutos de retraso; sin embargo, eso no fue excusa para que la misma se cumpliera dentro del tiempo previsto, es más, se cumplió en un tiempo menor, gracias a que no todos los intervinientes se tomaron los 15 minutos que se tenían previstos.
Tan solo el jefe del Ministerio Público, Alejandro Ordóñez, superó los 20 minutos, y no era para menos, su intervención como es usual movió emociones y levantó la euforia en el recinto, al punto de inspirar aplausos, todos a raíz de la manera como concluyó su intervención reclamando la vigencia de los regímenes especiales tal como están.
Llamó fuertemente la atención el comentario del Procurador quien al cerrar su intervención con una anécdota, recordó como en algún momento le dijo a un político, quien le habló de suspensiones: “Cada loro debe estar en su estaca” y remató “zapatero a sus zapatos”. Esto para muchos fue una clara alusión a la versión que horas antes había entregado el saliente presidente del Consejo de Estado, Gustavo Gómez, al prevenir una posible intromisión de la Corte Constitucional en los terrenos del Consejo de Estado.
A quienes están en la orilla opuesta, el procurador les manifestó que la culpa de todo el embrollo pensional no es del régimen de prima media sino de “la ineficiencia administrativa y la baja cobertura pensional, por el desempleo, por el subempleo, por las atípicas vinculaciones laborales, por la tercerazación, en últimas por la informalidad en la relación laboral. Esos son los grandes problemas del sistema de seguridad social”, aseveró.
Y fueron los aplausos los que motivaron a su sucesor en el atril, el presidente del Congreso, senador Roy Barreras, a pedirle a los asistentes, como si estuviera en el capitolio no aplaudir, ni abuchear a los intervinientes “eso lo acostumbramos hacer en el Congreso”, afirmó Barreras quien dejo en manos de la Corte la determinación acerca de lo que suceda con las pensiones.
"Este debate afecta a los congresistas y a los magistrados por las leyes y los fallos que cada uno ha impartido, pero no se debe llamar a escándalos, sino que es un debate estrictamente jurídico. La decisión sobre las pensiones les corresponde a los jueces y no a los congresistas. Esta es una decisión de ustedes los jueces, y la opinión del congreso sólo es una opinión política. Y la Corte Constitucional es el más alto juez de la política",aseguró.
Una de las intervenciones más esperadas de la jornada fue la de la contralora, Sandra Morelli, debido a que sus posturas en temas tan álgidos siempre han sido duras y contundentes.
Sin embargo, no fue precisamente lo que sucedió en esta ocasión, pues consideró que deben revisarse los montos de las citadas pensiones, los topes para concederlas y también si éstas deben hacerse teniendo en cuenta aspectos viáticos a la hora de hacer el cálculo.
A lo largo de su discurso, Morelli dejó entrever lo perjudicial que sería el que el fallo de la Corte Constitucional se dé de manera retroactiva, afectando derechos adquiridos, pues entre líneas dejó ver su preocupación por el costo que tendrían las demandas contra el Estado y las cuales seguro interpondrían los afectados por tocar un derecho adquirido.
Dos cosas quedaron claras en el discurso de Morelli. Una, que la diferencia entre el aporte para alcanzar una mesada pensional y el que se aplica en un régimen de prima media es “abismal”. La segunda, que ella nunca se ha confabulado con el magistrado Pretelt (ponente de la decisión) para favorecer a nadie. El comentario fue precisamente con el que la funcionaria abrió su intervención la misma en la cual señaló que su entidad adelanta las investigaciones que despertaron rumores en su contra.
El turno luego fue para María Fernanda Maiguashca, viceministra técnica del Ministerio de Hacienda, quien a pesar de su suave y pausado tono de voz, sentó las bases de uno de los muy posibles argumentos de la Corte, pues para ella es claro que los problemas de inequidad están afectando a las poblaciones más vulnerables.
“El pasivo de las pensiones para congresistas es de 3,83 billones de pesos. En el caso de la tan deseada equidad, la funcionaria dijo que esta se ve afectada cuando hay funcionarios con pensiones superiores a 17 y 20 millones de pesos, cuando el común de la población no alcanza ese monto.
“Las situaciones analizadas pueden tener implicaciones serias desde el punto de vista del régimen pensional y son claramente inequitativas”, agregó.
Entre las intervenciones no podía faltar la de Rafael Pardo, jefe de la cartera de Trabajo, quien con cifras en mano se refirió al tema pensional que llevará al Congreso a mediados de marzo, pero evadió el tema puntual que lo llevó a la Corte Constitucional aunque de paso aprovechó la oportunidad para alertar sobre la situación del sistema pensional en el país.
“Hoy hay aproximadamente 23 millones de colombianos laborando, de los cuales el 75% integra cobertura de afiliados activos quienes han pagado una cotización en los últimos 6 meses, es decir, solo el 28% está activamente en el sistema pensional”, explicó.
Ante esto anunció que la reforma pensional que el Gobierno presentará al Congreso de la República busca atender tres puntos fundamentales en el sistema pensional: la cobertura, la equidad y la sostenibilidad fiscal determinable y cuantificable para que los colombianos sepan cuánto gastar en pensiones.
Durante la diligencia, que estuvo presidida por el magistrado Jorge Enrique Pretelt (ponente), y a su lado sus colegas Mauricio González, Eduardo Mendoza Martello, Alexei Julio y Luis Guillermo Guerrero, fue escuchado por primera vez el nuevo presidente del Consejo de Estado.
Alfonso Vargas Rincón, recién elegido como vocero de esa corporación, en reemplazo de Gustavo Gómez, fue uno de los últimos en hablar, pues su presencia en la audiencia se dio tras una aval sorpresivo de los magistrados de la Corte Constitucional, pues 48 horas antes les había notificado la imposibilidad de que ellos asistiera.
Vargas aprovechó para respaldar los derechos adquiridos de los pensionados, y con un tono de voz suave hizo incluso algunas bromas dirigidas al Procurador y la Contralora. La postura tranquila y sosegada de Vargas contrasta con la de Gustavo Gómez, su antecesor, quien sin pelos en la lengua fijaba fuertes críticas.
“Me siento con el corazón partido a la mitad, me embriagan dos grandes sentimientos que salen de mi alma, los derechos adquiridos no se pueden quitar, me tranquiliza que en Colombia tenemos una Corte Constitucional profundamente cumplidora de su función, eso me da profunda tranquilidad”, señaló.
Ese término conciliador fue precisamente el que para muchos motivó la presencia de Vargas. Según muchos de los participantes la invitación a última hora del Consejo de Estado se dio una vez se dio el cambio de presidente.
Ahora, la palabra la tiene la Corte Constitucional, cuya decisión se espera se dé a conocer el próximo miércoles cuando los cinco magistrados en cuyas manos está la determinación se encuentren a las 9:15 de la mañana, pues a pesar de haberse reunido una vez terminada la audiencia, no se logró un consenso acerca de si las pensiones de los magistrados y los congresistas deben tener un tope.
DATO
A pesar de haber 9 magistrados en la Corte Constitucional, cuatro se declararon impedidos, por lo que cinco: Jorge Enrique Pretelt (ponente), y a su lado sus colegas Mauricio González, Eduardo Mendoza Martello, Alexei Julio y Luis Guillermo Guerrero; serán los responsables de este paso que para muchos afecta el presupuesto nacional.
Lo cierto es que cualquier decisión que se tome deberá contar con el favor de estos cinco nombres, pues de lo contrario no se daría la mayoría requerida para que el fallo vea la luz.