El Gobierno garantiza que cambios del POS no afectarán a usuarios

El Gobierno nacional se comprometió a que la revisión que hará del Plan Obligatorio de Salud, POS, no significará una disminución de los servicios que actualmente reciben los afiliados a los sistemas subsidiado o contributivo. El Viceministro Técnico de la Protección Social, Carlos Jorge Rodríguez, aseguró que la reglamentación de los decretos de emergencia social emitidos la semana pasada busca "afectar para bien a los usuarios, mejorando las condiciones de acceso al servicio. Ese trabajo se hará con toda la calma para lograr las mejores condiciones". En un nuevo intento por aclararle a la ciudadanía los alcances de las citadas normas, el funcionario recordó que los mandatos constitucionales en el país son claros en el sentido de que las revisiones al POS no pueden desmejorar las condiciones ya logradas para los cotizantes, que así ha sucedido en el pasado y que así sucederá en esta oportunidad. De hecho, indicó Rodríguez, lo que se busca es ganar agilidad en el procedimiento para actualizar el POS, pues se trata de un plan que debe cambiar de forma más dinámica, incluyendo los avances científicos y los nuevos procedimientos y dándole salida a los que van quedando obsoletos. Con respecto al tema polémico que habla sobre analizar la capacidad de pago para buscar cofinanciación entre el sistema y el paciente, el Viceministro Técnico fue enfático en decir que la reglamentación que se expida para ese fin respetará el mandato de la Corte Constitucional, según el cual las condiciones económicas “no pueden ser una barrera para acceder a la salud”. Por eso, explicó que el criterio para hacer ese análisis no será únicamente de ingresos o patrimonio de una persona, sino la combinación de esas variables con el costo de la enfermedad o del tratamiento en cuestión: “Una persona puede tener ingresos por cinco millones de pesos mensuales, lo que haría pensar que podría asumir algunos costos, pero si ella está afectada por una enfermedad que le cuesta 70 millones de pesos cada mes, lo razonable es que sea el sistema el que tenga que asegurar el cubrimiento”. Con respecto al tema de la financiación, Rodríguez agregó que se buscará el apoyo de cofinanciación de los usuarios cuando se considere suntuario el servicio que se requiere (es decir, superior al que contemple el POS y le garantice su vida) y que un segundo objetivo es el de darles mejor manejo a enfermedades catastróficas o extrañas, de alto costo para los pacientes y para el sistema. LOS CASOS EXCEPCIONALES La reglamentación en la que trabaja el Ministerio de Protección Social para el POS, a la luz de la Emergencia Social, contempla la creación del Comité de Prestaciones Excepcionales y de la figura del Gestor de Prestaciones Excepcionales, para darles un manejo más eficiente a los recursos del sistema de salud. La idea, que está pendiente de reglamentación según explicó el Viceministro Rodríguez, es que el médico tratante remita los temas excepcionales no contemplados en el POS al Comité respectivo, para tomar una decisión sobre cómo solucionar el caso del paciente. Se espera que ese recurso reduzca trámites y permita a más personas encontrar atención sin recurrir a acciones judiciales, como las tutelas. Por su parte, el Gestor de Prestaciones Excepcionales tendrá facultades para negociar de la manera que considere más óptima el manejo de las enfermedades más costosas. “Sería posible que el Gestor determine concentrar la atención de los afectados por una dolencia en una misma IPS o que contrate la compra de los medicamentos más costosos directamente con un laboratorio; lo más serio que le podría pasar a un paciente es que se le cambie el sitio donde es atendido, pero nunca se pretenderá que no reciba la atención debida”, explicó Rodríguez. AHORRO POR MANEJO DE MEDICAMENTOS Con respecto a los mecanismos de vigilancia y control en el manejo de medicamentos e insumos médicos, contemplados en los decretos de Emergencia, el Viceministro Técnico dijo que el Gobierno cree que logrará un ahorro anual de 200 millones de dólares, por medio de la reducción del margen de ganancia de los intermediarios del sistema. Según estudios hechos por el Ministerio, algunos medicamentos suben su valor hasta un 700 por ciento durante el proceso de salida de laboratorio y hasta el recobro al Fosyga, debido a los distintos pasos que se cumplen en la cadena de transporte y venta. Rodríguez explicó: “Lo que se busca es lograr un control efectivo de precios a lo largo de toda la cadena de distribución, con mecanismos que pueden ser la fijación de topes máximos para los márgenes de comercialización”. Aunque los casos de medicinas o insumos que ganen siete veces su valor son extremos, el promedio de incremento sí llega al 40 por ciento. El Ministerio de Protección considera que en ese tránsito el costo no debería cambiar en más del 12 ó 13 por ciento. Para buscar ese rango, una de las medidas ya decididas es aumentar las sanciones que puede imponer la Superintendencia de Industria y Comercio a las empresas que incurran en abusos. Hoy los castigos están en un monto equivalente a los 300 salarios mínimos mensuales vigentes; se espera aumentarlos a los 5.000 salarios. Otras medidas para controlar el valor de los medicamentos se conocerán cuando sean reglamentados los decretos, pero una de ellas podría ser buscar la disminución de intermediarios, a través de la compra directa del Estado a los grandes laboratorios farmacéuticos.