El Instituto Penitenciario decretó emergencia carcelaria en el país

Con el objetivo de atender la crisis de salubridad que viven las cárceles del país, el director del Inpec, general Gustavo Adolfo Ricaurte, decretó la emergencia carcelaria. La medida, de carácter administrativo, fue avalada por la ministra de Justicia, Ruth Stella Correa.
"En todo el país, el Inpec acudirá al Ministerio de Salud, a la Superintendencia de Salud y a las Comisiones Séptimas de Senado y Cámara, y a nivel departamental y municipal acudiremos a las Secretarías de Salud. Esas autoridades, que le ley determina como 'del ramo', están obligadas a prestar colaboración inmediata en coordinación con los centros de reclusión afectados", dijo el general Ricaurte.
El oficial también anunció que, en virtud de la emergencia carcelaria, se clausurarán al menos dos cárceles, se redestinarán algunos penales (por ejemplo, convertir algunos centros carcelarios de hombres solamente para mujeres) y habrá una reclasificación de internos en el sistema progresivo (de alta seguridad a mediana, a mínima y confianza), lo que provocará algunos traslados de presos.
"Estudiaremos qué establecimientos carcelarios clausuraremos para congelar la población carcelaria e impedir el aumento del hacinamiento", aseguró Ricaurte, y anunció que buscará apoyo en el Consejo Superior de la Judicatura, en los jueces y Fiscales para que se conceda, en el menor tiempo posible, el derecho a detención domiciliaria, libertad por pena cumplida, el dispositivo electrónico y algunas casas-cárcel por delitos menores culposos.
"Y también copar con todos los cupos disponibles que tienen las 39 cárceles municipales en todo el país, para, de esta forma, darle cumplimiento a un plan de deshacinamiento que tiene diseñado el Inpec para los cuatro años, un plan de seguridad, un plan de salud y un plan de derechos humanos", aseguró.
La emergencia carcelaria, así mismo, le permitirá al director del Inpec hacer traslados presupuestales y la contratación directa de las obras necesarias tendientes a conjurar la crisis carcelaria.
Anunció que se oficiará a Medicina Legal para que valore el estado de salud de los internos con enfermedades de alto costo, catastróficas y psiquiátricas, entre otras patologías.
De la misma manera, dijo que oficiará a los jueces de ejecución de penas que tengan conocimiento de la vigilancia de la pena de los internos mayores de 65 años, enfermos de alto costo, entre otros, para que contemplen la posibilidad de ordenar el traslado al lugar indicado en los casos que corresponda y como lo establezca la ley.
Ricaurte advirtió que la emergencia carcelaria es una medida administrativa y no permite la excarcelación o poner en libertad a ningún detenido, papel que les corresponde a los jueces de la República.
En la actualidad, la población carcelaria en Colombia alcanza los 117.800 internos, que representa un hacinamiento del 55 por ciento. 18 establecimientos de reclusión han sido cerrados y la población de retenidos en las URI de Bogotá va en aumento, en donde el hacinamiento alcanza el 70 por ciento.