En agosto comenzaría a funcionar la nueva central de inteligencia

La nueva entidad, que todavía no tiene nombre, no tendrá las funciones de extranjería, migración y expedición del certificado judicial. Con la aprobación de las facultades extraordinarias al Presidente Juan Manuel Santos, se abre paso la reforma al Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) que se convertirá en una Agencia Civil de Inteligencia que empezaría a funcionar a mediados de agosto.Se trata de una agencia dedicada exclusivamente a las labores de inteligencia y contrainteligencia del Estado, dependiente de la Presidencia de la República y que funcionará con 1.200 empleados, aproximadamente.
“Se creará una unidad administrativa especial de migración y el tema del certificado judicial será trasladado al Consejo Superior de la Judicatura”, señaló el director del DAS, Felipe Muñoz Gómez. Igualmente, los procesos de esquema de protección que adelanta el DAS pasarán a ser responsabilidad del Ministerio del Interior y de Justicia. “En el tema de policía judicial, la ley habilita incorporar funcionarios al CTI de la Fiscalía”, agregó Muñoz, quien añadió que los empleados que quieran pasarse a esa entidad no tendrán que hacer concurso.
“No va a haber masacre laboral. Existe una  ventanilla de oportunidades que consiste en que cada persona pueda optar para la indemnización, si quiere hacerlo; o que se incorpore al Inpec, al CTI, o a otro cargo en otra entidad”, precisó Muñoz, quien añadió que se estima que cerca de 2.500 empleados pasen al CTI.
El empleado que prefiera ser indemnizado podrá hacerlo y para esto el actual DAS tiene un “colchón” de $70.000 millones.
Sin embargo, la presidenta del sindicato del DAS, Francy Helena Villegas, consideró que tal y como se aprobó la ley que faculta al presidente Santos a reestructurar el Estado, habrá una “masacre laboral” del 50% de la planta, entre los que se encuentran 1.000 provisionales. “Ante la ausencia de garantías para la protección de los derechos laborales de los empleados, hemos decidido coadyuvar en la demanda de inconstitucionalidad que presentará el Polo Democrático Alternativo ante la Corte Constitucional”, señaló.
Para el abogado especializado, Julio Orozco, “en el caso particular del Ministerio de Justicia, considero que se justifica. No sólo requiere el Gobierno Nacional una interlocución del máximo nivel con la Rama Judicial, sino que en vísperas de la reforma a la justicia, que pretende el rediseño del Consejo Superior de la Judicatura, volvería a ser preponderante dicha cartera. La DNE debe así mismo separarse de la cartera de la política para ir a la de justicia, y el manejo de las prisiones debe obedecer a una técnica judicial lejana también al Mininterior.” Según el senador Alexander López, “el Presidente Santos, su ministro Vargas y su bancada desconocieron los acuerdos con el Polo, poniendo en peligro la estabilidad laboral de miles de servidores públicos, la integridad de todas las entidades de la administración central y los expedientes y la evidencia de las investigaciones por corrupción en el DAS, Estupefacientes, Superintendencias y el Inpec”. “Ni el Gobierno, ni el ministro Vargas, ni este Congreso saben cuáles entidades van a reformar, cuántos trabajadores van a despedir”, argumentó.