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Error de los magistrados de la Corte Suprema no se convierte en delito

Con la nulidad de la elección de la fiscal general Vivianne Morales se ha puesto en duda la actuación de los 18 magistrados de la Corte Suprema de Justicia que la eligieron el 2 de diciembre de 2010.

Pero la propia decisión que tomó el Consejo de Estado deja entrever, según tres exmagistrados de la Corte Constitucional consultados por Colprensa, que la interpretación del reglamento que la Corte Suprema hizo en plenaria es razonable.

Además, señalan, que si bien el Consejo de Estado estimó que el reglamento no podía ser cambiado, esto no significa que haya una falta disciplinaria, penal o fiscal.

En ese momento, la Corte no tenía a sus 23 magistrados porque cinco plazas estaban vacías y por eso estimó que la mayoría calificada podía establecerse sobre quienes realmente estaban. Así las cosas, la Fiscal Morales fue escogida con 14 votos.

“Quince magistrados del Consejo de Estado consideraron que no estaba bien aplicado (el cambio) y 9 que sí. De manera que era un asunto supremamente controvertible y eso significa que la Corte hizo uso de su facultad de interpretar su propio reglamento”, consideró el exmagistrado Alfredo Beltrán Sierra.

Por su parte, el también exmagistrado Eduardo Montealegre señaló que el hecho de que el Consejo de Estado se haya apartado de esa interpretación no significa que la Corte haya cometido algún ilícito.

“En el derecho uno nunca puede afirmar que existe una única solución posible para un mismo caso. Frente a una misma norma existen dos interpretaciones totalmente razonables de la misma y es absolutamente claro que cuando una Corporación acude a una de esas interpretaciones razonables, así posteriormente otro órgano no la comparta, eso no convierte el hecho en un ilícito”, dijo.

De hecho, el exmagistrado José Gregorio Hernández lo pone en estos términos: “pudo hacerlo erróneamente como lo consideró el Consejo de Estado, pero lo que sí creo es que no hay prevaricato. No podemos deducir que por el error cometido se haya incurrido en algún hecho punible o en alguna falta disciplinaria”.

En ese orden de ideas, los juristas se están apegando a una interpretación a derecho y no toman en cuenta las voces que apuntan a que ese “error” se produjo luego de 16 meses de interinidad en la fiscalía de Guillermo Mendoza Diago tras la salida del ente acusador de Mario Iguarán el 31 de julio de 2009.

Es más, todos se retiraron de las voces que señalan “intereses políticos” en el fallo del Consejo de Estado y señalaron que las decisiones judiciales deben acatarse así no se esté de acuerdo con ellas.

“Las decisiones judiciales una vez que se adoptan por el que tiene competencia para resolverlas son de obligatorio cumplimiento. Aunque se puede discrepar, esa es la sentencia, ese es el Estado de Derecho”, apuntó Beltrán Sierra.

NO SE AFECTA LA SEGURIDAD JURÍDICA

Con la nulidad de la elección, no se afectan las decisiones tomadas por la fiscal Morales en ninguna instancia y para los juristas consultados que se empiece a cuestionar los procesos o a pedir nulidades de los casos generaría un caos que no va a lugar.

“Todos los actos de la fiscal son absolutamente válidos, no afecta lo actuado, la nulidad solo tiene efectos hacia el futuro. No se va a afectar la seguridad jurídica del país ni traumatismo alguno”, precisó Montealegre.

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