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Estado colombiano se raja en atender la población de desplazados

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Ayer, en audiencia especial de seguimiento a la sentencia, se evidenció que Colombia aún está lejos de superar las dificultades para la atención de la población desplazada y que los avances que se han alcanzado al respecto parecen ser logros de las administraciones actuales. Por el eso, el magistrado Nilson Pinilla se preguntó sobre qué sucedió en estos ochos años tanto en la Fiscalía como la Contraloría.

En la audiencia, la Fiscal General de la Nación, Vivianne Morales, reconoció que los casos existentes de desplazamiento forzado en el país desbordan la capacidad de la entidad pero indicó que ya no se puede hablar de “impunidad absoluta” en este aspecto como lo señaló la Corte Constitucional en un auto de 2009.

Morales destacó que en la Unidad de Justicia y Paz se produjeron en 2010, siete sentencias y que espera que este año se produzcan nuevos fallos contra los jefes de las estructuras paramilitares y, para agilizar esto, reiteró la conveniencia de presentar un proyecto de ley que reforme la ley de Justicia y Paz “que, a mi modo de ver, dificulta el avance rápido de las investigaciones”.

El ministro de Justicia, Juan Carlos Esguerra, señaló precisamente que no solo se trata de desplazamiento producido por la violencia paramilitar y de las guerrillas sino del causado por el robo en escrituras y notarías.

“También se ha dado a través de medios que no por pacíficos son menos perversos y son los que se dan por la vía de escrituras dudosas, de registros aún más dudosos que producen desplazamientos de personas de los sitios donde vivían como legítimos poseedores”, dijo al decirle a los notarios que no se trata de una persecución contra ellos.



Críticas



La representante de la Acnur, Terry Morel, señaló que si bien hay avances en materia de administración de Justicia el nivel de impunidad sigue siendo alto en casos de desplazamiento forzado. En 2007, cifras presentadas por el Consejo Superior de la Judicatura, señalaban que en un periodo de tres años menos del un por ciento de los casos había sido investigado.

“Si bien ha aumentado las investigaciones, no se aumentado las sentencias y, aún no es clara la política de investigación de este delito porque más allá de casos particulares, lo que existe son dinámicas de violencia y de despojo”, dijo.

Invitó además a que los casos de investigación de homicidios a personas desplazadas se articulen con esquemas de protección efectivos.



Se puede quebrar el Estado



La Contralora General de la República, Sandra Morelli, reveló que el Estado deberá recuperar entre 3 y 10 millones de hectáreas usurpadas por paramilitares, para restituir a las víctimas y evitar echar mano de los lotes que hacen parte del erario.

Esto ante la posibilidad de que se ponga en riesgo la estabilidad financiera del Estado colombiano.

Morelli respondió a quienes critican la sostenibilidad fiscal de la Ley de Víctimas, señalando que no hay dinero para la reparación efectiva de las víctimas del conflicto interno.

En audiencia ante la Corte Constitucional, Morelli señaló que cuando se habla de reparación, la obligación tiene que ser del victimario, como en el caso de Justicia y Paz,  en donde la mayoría de postulados paramilitares no han devuelto lo que despojaron.

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