Trascurridos tres debates y dos sesiones en las que se escucharon a los organismos de control, el estatuto anticorrupción no ha podido ser aprobado en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes.
La mayor dificultad que ha presentado el proyecto se encuentra en el financiamiento de las campañas políticas. El artículo segundo establecía que las personas naturales o jurídicas que financien campañas electorales no podrían contratar con la circunscripción correspondiente. Es decir, que si una empresa financia una campaña y esta sale triunfadora, quedará vetada para contratar con ésta.
Sin embargo, los representantes argumentaron que esa posición era muy drástica y le solicitaron al ministro del Interior, Germán Vargas Lleras, que hasta el 40 por ciento de la actividad de esas compañías pudiera ser destinado a la financiación de la campañas.
Sin embargo, el Gobierno sostuvo que el porcentaje fuera del 25 por ciento y finalmente se trató de conciliar la cifra en 30 por ciento sin ningún éxito. Se espera que mañana miércoles ese artículo pueda ser conciliado para superar el mayor obstáculo que ha tenido el estatuto hasta el momento.
Vargas Lleras señaló que “hay que tener cierta paciencia, pero hoy 30 artículos más se votaron y los ponentes van a trabajar en la tarde de este martes a fin de que mañana (miércoles) avancemos más”.
El jefe de la cartera agregó que a pesar de que quisiera que la iniciativa ya estuviera aprobada, no se puede olvidar que el proyecto consta de 140 artículos, “algunos de ellos han suscitado polémicas y controversias que han retardado su aprobación.
Por otro lado, los artículos que se aprobaron fueron sobre la reserva bancaria que tienen las cuentas que abren los contratistas del Estado, para administrar los recursos de los contratos que ejecutan. Así se decidió que ésta fuera levantada y el manejo de las cuentas fueran de fácil acceso.
Esto significa, según el representante Guillermo Rivera, que se “permitirá que sin orden judicial, el interventor, el jefe de la entidad, el jefe de control interno o incluso las veedurías ciudadanas soliciten a la entidad bancaria respectiva el movimiento de la cuenta y hacer un seguimiento al uso de los recursos de los contratistas”.
Según Rivera, hasta la fecha se tiene establecido que dichas cuentas tienen reserva bancaria y para poderle hacer el seguimiento se tendría que denunciar ante las autoridades judiciales y lograr que se ordene que se levante la reserva bancaria, lo que representa un trámite muy engorroso.
El tercer canal
De aprobarse esta iniciativa antes de que finalice la licitación que se adelanta para la adjudicación del tercer canal, la subasta pública para el tema podría ser cancelada debido a que uno de los artículos que se aprobaron este martes señala que las subastas públicas no podrán realizarse con menos de 2 oferentes. El ministro Vargas Lleras explicó que “dependiendo del momento en que la ley se apruebe, se puede aplicar a la contratación que se realiza del tercer canal”.
Colombia
Estatuto Anticorrupción continúa en el "estanque legislativo"
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