El sistema de alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo envió en las últimas horas un informe de riesgo de inminencia al alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, ante las amenazas de presuntos guerrilleros de las Farc de atentar contra el acueducto comunitario que surte de agua a 14.500 habitantes de los barrios altos de las localidades de Chapinero y Usaquén, en el nororiente de La capital.
La Defensoría recibió las denuncias de los dirigentes de la Asociación de Servicios Públicos Comunitarios (Acualcos), quienes aseguran que desde hace tres semanas vienen siendo víctimas de amenazas y extorsiones por parte de presuntos integrantes del Frente 53 de las Farc.
De acuerdo con esas personas, la Dirección de Derechos Humanos del Distrito ya ha sido informada de esta situación, sin que hasta el momento la Administración distrital haya tomado medidas para proteger la vida de los líderes ni la infraestructura del acueducto comunitario.
“Hemos presentado un informe de inminencia al señor Alcalde de Bogotá y a las demás autoridades que tienen que tomar medidas urgentes para proteger a la localidad y evitar que estas amenazas se hagan realidad”, dijo el Defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora.
“Es de advertir que existe un acuerdo universal de que, así sean los peores fragores de la guerra y de los enfrentamientos, hay sitios vedados para las personas en conflicto que no pueden atentar contra los acueductos de donde se surten los civiles”, dijo Otálora. “Por eso repudiamos y les solicitamos al Alcalde y a la Fuerza Pública que tomen las medidas necesarias para evitar esta situación.
El informe de la Defensoría señala que adicional a las amenazas de ataque realizadas vía telefónica, los presuntos integrantes de las Farc dejaron un panfleto amenazante en las puertas de la sede de Acualcos, por lo que se podría configurar una infracción a las normas del Derecho Internacional Humanitario (DIH).
“En medio de estas difíciles circunstancias, los trabajadores, el personal administrativo, y directivo de esta Asociación comunitaria deben soportar la amenaza que según su dicho podría extenderse hacia sus familias, ya que todo el personal (trabajadores y directivos) son habitantes reconocidos del sector”, agrega el informe presentado al Alcalde.
