La Fiscalía General de la Nación, designó un fiscal especializado en delitos contra el patrimonio para adelantar la investigación contra el alcalde Mayor de Bogotá, Gustavo Petro Urrego, por presuntamente haber generado pánico económico por sus declaraciones sobre el destino financiero de la Empresa de Energía de Bogotá y su fusión con otra entidad pública.
Según la denuncia, que fue presentada por el abogado Jaime Granados, el alcalde Petro habría incurrido en este delito tras expresar su intención de fusionar la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá (ETB), la Empresa de Energía de Bogotá (EEB); ambas de economía mixta, con la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) que es de capital estatal, hecho que según el demandante causó una caída del 17 por ciento en el costo de las acciones de las empresas.
Según el abogado, estas declaraciones “afectaron el bien jurídico, económico y social de los accionistas de las mismas (empresas)”, así como el bienestar de los beneficiarios del servicio público que éstas prestan.
A pesar de que el Alcalde aclaró que lo que había querido decir con sus declaraciones no era fusionar el capital de las empresas, sino crear una empresa tipo Holding que controle las actividades de las otras, sin importar el origen del capital, el hecho es que la caída en el precio de la acción fue tan grave, que la Superintendencia decidió intervenir mediante una suspensión por tres días.
En respuesta a esto, el alcalde señaló que la caída en las acciones de las empresas se había presentado por la inferencia de la ‘mano peluda’ de especuladores que habían manipulado el mercado, aprovechando las declaraciones por él emitidas. Sin embargo, en un informe publicado por el ente Autorregulador del Mercado de Valores, se constató que no hubo tal interferencia en el mercado, y que la caída de las acciones se dio por otras razones, aún sin precisar.
Así pues, quedará en manos de este fiscal especializado la investigación por la posible responsabilidad del Alcalde Mayor en el delito del cual es acusado y para el cual la ley penal contempla penas de 4 a 10 años de cárcel.
Colombia
Fiscal especializado en patrimonio investigará a Gustavo Petro
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