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Fiscalía abrirá invesigaciones sobre hechos de corrupción en la Procuraduría

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El procurador general de la Nación, Alejandro Ordóñez Maldonado, advirtió que a raíz de la falsificación de su firma, por parte de un funcionario de la entidad, en el Ministerio Público existe una estructura delincuencial que genera corrupción, sobre la cual la Fiscalía anunciará nuevas decisiones.

“La Fiscalía actuó y ya profirió algunas medidas referentes a la libertad de algunas personas que están vinculadas a esa estructura delincuencial. La Fiscalía va a proferir decisiones en ese sentido, pero ya existen varias personas privadas de la libertad, entre ellos, algunos funcionarios que llevan más de 20 años en la entidad”, señaló Ordóñez Maldonado.

El Procurador General le envió un ultimátum a todos los funcionarios públicos que están realizando actos de corrupción en entidades estatales, al asegurar que muy pronto les llegará su hora, en relación con los cuatro funcionarios que han sido destituidos durante su administración por estos hechos.

El jefe del Ministerio Público había alertado el pasado miércoles sobre los graves y reiteradas actos de corrupción que se habían presentado en el interior de la entidad por parte de funcionarios.

“La voluntad política del Procurador no solamente es combatir la corrupción afuera de esta entidad, sino al interior de ella misma, como de los demás organismos de control”, enfatizó Ordóñez señalando que él mismo denunció que dos funcionarios de la Procuraduría habrían falsificado su firma para sustraer unos inmuebles por un valor de 5 mil millones de pesos que eran administrados por la Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE).

Vale recordar que el pasado 2 de junio agentes del CTI capturaron en Bogotá a cuatro implicados en la falsificación de la firma del Procurador General, Alejandro Ordóñez, en un documento que se refería a la adjudicación de dos bodegas a cargo de la DNE.

De acuerdo con la investigación, a mediados de noviembre de 2010 fue detectada la falsificación de la firma de Ordóñez en un documento dirigido a la Sociedad de Activos Especiales, SAE, encargada del manejo de los bienes confiados a la DNE, en el que se aludía al proceso de venta de esos inmuebles ubicados en Envigado y avaluados en 2.900 millones de pesos, aproximadamente.

Según lo establecido, los involucrados en el ilícito pretendían con la falsificación de la firma inducir a la SAE al error, dado que la Procuraduría en estos procesos hace acompañamiento preventivo. La idea era que se adjudicara esas bodegas a una empresa de arrendamientos de fuera de la capital.

A estas personas se les imputaron cargos por su presunta responsabilidad en los delitos de concierto para delinquir, falsedad en documento público y estafa agravadas.

 

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Comentarios

O sea que revisaran a

O sea que revisaran a Cartagena, donde nadie sale sancionado, vemos la cantidad de politicos actuando de mala fe y demas y no pasa nada..., y el señor que era presidente del congreso hoy detenido con mucho poder en el organismo localmente.