La Corte Constitucional le hizo un llamado a las Fuerzas Militares y a la Policía Nacional para que recuerden que sobre ellos recae la obligación de brindar atención médica, farmacéutica y psicológica a los uniformados que cayeron en la drogadicción mientras prestaban el servicio militar.
La determinación del alto tribunal se da al fallar una acción de tutela interpuesta por un infante de marina quien adquirió una serie de problemas síquicos como consecuencia del consumo de sustancias psicotrópicas mientras prestaba su servicio militar (periodo 2009 – 2011).
En el tiempo en el que se presentaron los hechos, la dirección de Sanidad Naval de la Armada Nacional le negó el tratamiento al uniformado, con el argumento de que la Junta Médica Laboral de las Fuerzas Militares sostuvo que el infante no presentaba incapacidad.
Frente a estos hechos, la Corporación advirtió que el tratamiento para estas personas debe prestarse de manera periódica, vigilando las respectivas evaluaciones, teniendo en cuenta la magnitud y evolución de los problemas psíquicos que presente el paciente.
Por último, la Corte le ordenó a Sanidad Naval que en menos de dos días suministre la atención médica y hospitalaria para el mencionado paciente.