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Gobierno admite responsabilidad en crisis de cárceles para menores

El Gobierno Nacional, en cabeza director del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf), Diego Molano, reconoció este jueves los problemas de hacinamiento en las cárceles para menores de edad que tiene el país.

Molano explicó que a lo largo de los últimos dos años el número de niños vinculados a delitos y con responsabilidad penal se ha incrementado y “esto ha afectado el número de cupos que tiene el Bienestar Familiar haya copado su capacidad”, pero aseveró que actualmente, ese organismo está implementando un plan de choque para poder tener mayor capacidad de cupos.

Desde la expedición de la Ley de Infancia y Adolescencia (2006) han pasado por los centro de reclusión de menores 25.000 adolescentes. En el último año por el sistema penal adolescentes han pasado 10.000 menores de edad.

El anunció del director del Icbf se dio en desarrollo de un debate en la Cámara que adelantaron los representantes Ángela Robledo (Partido Verde) y Germán Navas (Polo Democrático) sobre "Justicia juvenil: por una segunda oportunidad", para discutir alternativas en torno al informe de evaluación del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes.

Allí, Molano exhortó al Congreso a pensar en penas distintas para menores de edad. Según él, se podrían utilizar otros mecanismos de justicia restaurativa para solucionar sus problemas y realmente darles una verdadera oportunidad.

“La idea es implementar penas de justicia restaurativa porque en su mayoría tienen condenas de hurto y micro-tráfico (…) darles una segunda oportunidad a través de trabajo comunitario podrían ayudarles a reconstruir sus proyectos de vida”, señaló.

A su turno, el director de Infancia y Adolescencia de la Policía, general Nicolás Muñoz Martínez, admitió que se han tenido casos de policías involucrados en maltrato en contra de adolescentes.

“De manera inmediata se han asumido las acciones disciplinarias y en coordinación con la Fiscalía se han llevado las acciones penales”, indicó Muñoz Martínez y agregó que se está trabajando para que los uniformados sean respetuosos de la ley y del orden institucional.

Aunque prefirió no dar cifras concretas sobre las investigaciones recalcó que “cualquier caso que se cometa de maltrato contra un niño o un adolescente es supremamente grave y reprochable”.

Ante esta situación, la representante Ángela Robledo dijo que “algunos de nuestros jóvenes son verdaderos sobrevivientes. Se necesitan más recursos para ellos y menos para la guerra”, e instó a implementar “más política social y menos política criminal”.

Malos tratos en los centros de reclusión para menores

Las irregularidades en las cárceles para menores también fueron señaladas por la Procuraduría General de la Nación.

La procuradora delegada para la Infancia, Ilva Myriam Hoyos dijo que hay malos tratos en los centros de reclusión para los menores infractores.

Hoyos afirmó que es "tan lamentable" la situación que se han tenido que interponer acciones de tutela por la violación de Derechos fundamentales en esos centros penales.

La procuradora señaló además que entre los casos que se conoció en Bogotá se debe tener en cuenta el hecho de que en el centro El Redentor no hay unas completas instalaciones sanitarias y además que en algunos centros juveniles se está vulnerando el derecho a la salud y la dignidad.

Así mismo, manifestó que algunos jóvenes han tenido que dormir en el piso uno o varios días y que la alimentación es precaria para los jóvenes recluidos.

Por esa razón, la Procuraduría espera que se puedan establecer mecanismos para adecuar recursos porque hay serias falencias en el sistema. "Se debe hacer un esfuerzo económico para adecuar los centros penales", sostuvo Hoyos.

La procuradora dijo que hay hacinamiento en dichos centros y alertó porque con el ‘plus’ de protección de la Ley de Seguridad Ciudadana para los menores delincuentes, esa situación va en aumento.

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