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Gobierno cerró puertas a diálogos con bandas criminales

Monseñor Julio César Vidal, obispo de Montería, aseguró que las Bacrim buscan un posible sometimiento a la justicia, pero el Gobierno Nacional insiste en que con estos grupos ilegales nunca habrá negociación.

Un posible sometimiento a la justicia de por lo menos 5.000 hombres que integran las bandas criminales (Bacrim), anunciado por el obispo de Montería, monseñor Julio César Vidal, fue desestimado una vez más por el Gobierno Nacional que reiteró que a las Bacrim no se les abrirán puertas de diálogos o negociaciones.

El ministro de Defensa, Rodrigo Rivera, planteó ayer que la única vía para las Bacrim es el sometimiento a la justicia y señaló que “cuando hablamos de grupos narcotraficantes y de bandas criminales, el marco jurídico es diferente a la desmovilización de grupos guerrilleros”.

Frente a este panorama, monseñor Vidal dijo que “no es negociación sino sometimiento. Ellos no están pidiendo diálogo. Piden espacios para entregarse”.

Según Vidal, el acercamiento que se ha dado con los integrantes de las bacrim más que ir en contravía con la posición del Gobierno “es un trabajo complementario, debido a que hay presencia militar que ha contenido la violencia, pero no ataca problemas estructurales”.

En entrevista con este diario, el 24 de abril de 2011, Vidal manifestó que los integrantes de las Bacrim “necesitan una logística de quien responda por ellos, quienes no tienen problemas, quienes son extraditables. Incluso me dijeron el año pasado que quieren entregar armas, rutas y hasta cultivos ilícitos”, por eso se hace necesario un acercamiento con el Gobierno Nacional.

Es por la presión militar

El brigadier general Leonardo Pinto, comandante de la Brigada 11 del Ejército y directo encargado del plan Troya en Córdoba, explicó que el posible sometimiento de las Bacrim se debe a la presión ejercida por las autoridades.

“Tenemos bloqueos en rutas de ellos y les hemos golpeado a muchos de los cabecillas segundos o de tercer nivel de las bandas. Aunque ellos continúan con las extorsiones y la minería ilegal que les da alguna financiación, están muy golpeadas y estas estructuras quieren entregarse a la justicia por la presión de las Fuerzas Militares”, dijo Pinto.

En esa dirección, el general Óscar Naranjo, director de la Policía Nacional, manifestó el 25 de enero pasado de manera enfática a este diario, que las bacrim son la mayor amenaza de la seguridad en Colombia, razón por la cual “hay que contenerlas y someterlas a la ley”.

No está claro qué quieren

Carlos Prieto, investigador del conflicto armado de la fundación Ideas para la Paz, declaró que aunque es claro que las bacrim buscan un sometimiento a la justicia, “aún no están definidos los motivos por los que quieren entregarse o las motivaciones que tendrían para hacerlo, porque en términos de sometimiento deben responder a la justicia por los crímenes que cometieron y en ese sentido el tema de negociación es nulo. Se desconocen los motivos, entonces hacen pensar que quieren más allá de no seguir en la ilegalidad”.

Para Prieto, con estas estructuras armadas ilegales no hay claridad, sumado a que no hay figuras visibles para la entrega, “pareciera que son subgrupos de las organizaciones. No son cabezas muy visibles y en ese sentido plantear algo en términos de negociación resulta algo muy difícil, porque la dinámica de las negociaciones es que se den con el grupo entero”.

El general Pinto también expresó que lo que puede llevar a que algunos de los integrantes de las bacrim a dejar las armas “es que hay grupos que no les pagan, entonces allá metidos les toca someterse a la justicia, pelear contra las autoridades o pelear entre ellos mismos. No creo que sea muy masivo”.

Según el general Naranjo, en Colombia existen siete bandas criminales (Los Rastrojos”, “Águilas Negras”, “Erpac”, “Los Paisas”, “Los Machos”, “Renacer” y “Los Urabeños”) que hay que combatir porque pueden poner en riesgo la seguridad nacional.



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