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Gobierno no pasó exámen frente a la Corte Constitucional por el tema de la salud

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Al considerar que los representantes del Gobierno no han presentado medidas “suficientes” para atacar y corregir las graves fallas registradas en la prestación del servicio de salud y la entrega de medicamentos por parte de las EPS y de los otros organismos encargados de hacer cumplir este derecho fundamental. 

Según el presidente de la Sala Especial de la Corte Constitucional, Jorge Iván Palacio durante las nueve horas de audiencia de revisión político y judicial de los organismos del Gobierno, no se presentó un diagnostico claro sobre las fallas en la prestación del servicio.

Así mismo manifestó que ni los Ministerios de Protección Social y de Hacienda la Superintendencia de Salud no presentaron soluciones “claras y contundentes” para dar una solución a las múltiples demandas, tutelas y quejas presentadas por los usuarios, al igual que una respuesta efectiva ante los casos de corrupción administrativa conocido como el ‘carrusel de la salud’. “Ninguna de las ponencias se basó en las problemática reales de la salud, por el contrario un conjunto amplio y complejo de dificultades de diseño institucional y de cuellos de botella regulatorios y de acertijos epidemiológicos demográficos y macroeconómicos los cuales exigen respuestas oportunas”, precisó el magistrado.

Ante esta situación el veredicto del alto tribunal la salud es muy “grave” puesto durante las presentaciones solamente se encontraron “un conjunto de medidas aisladas que no arecen hacer parte de un plan minucioso y de largo aliento para actualizar el Plan Obligatorio de Salud (POS)” pese a los compromiso del ministro de Protección Social, Mauricio Santamaria a emprender acciones para unificar el sistema. 

MINISTERIO DE PROTECCIÓN SOCIAL RECONOCE “GRAVES FALLAS”

Ante la gran cantidad de demandas y tutelas presentadas por los colombianos ante las constantes irregularidades en la presentación del servicio de salud, la Corte Constitucional espera que el Gobierno entregue un informe acerca de las fallas y soluciones que se tienen para la mejora en el acceso a este derecho fundamental establecido en la Constitución Política.  El magistrado de la Corte Constitucional Jorge Iván Palacio, cuestionó el hecho de que las Entidades Prestadoras de Salud consideran que este derecho fundamental es un negocio, “esto se demuestra por las vivencias de la población colombiana  ha puesto de presente algunas fallas en la prestación de este servicio”.  

Palacio manifestó además la preocupación por los últimos escándalos de corrupción en el sector salud haciendo referencia a la captura en mayo pasado de varios funcionarios del Ministerio de la Protección Social, investigados por la aprobación irregular de recobros a EPS y la irregular contratación que ha llevado a una intensa crisis a los hospitales y clínicas. “Debe indicarse que el concepto de eficiencia económica en la prestación de servicio de salud, como lo ha sostenido esta corporación  no puede depender exclusivamente de criterios de provecho económico o de simple utilidad”, precisó el magistrado.  Ante los diversos escándalos por los llamados ‘paseos de la muerte’ en los que pacientes mueren literalmente en la puerta de los hospitales al no prestárseles el servicio adecuado por “problemas burocráticos” o por no tener

Por su parte, el ministro de Protección Social, Mauricio Santamaría reconoció que existen graves fallas en el acceso de los pacientes al servicio de salud y fallas en la vigilancia y control del mismo, afectando gravemente la calidad de este provocando seria desconfianza en la opinión pública en contra de los entes que la Carta Magna le confió dicha labor.  

Precisó además que después de muchos estudios realizados con ayuda del Ministerio de Hacienda se ha podido establecer que con las medidas tomadas y se evitó un déficit total de 1.6 billones de pesos, aunque se comprometió a buscar nuevas fuentes de financiación para solucionar completamente la crisis financiera producida por diferentes actos de corrupción y mal manejo administrativo.  Por su parte, Nelcy Paredes Cubillos, vocera de la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral, Acemi, cuestionó el descontrol y disparidad que se genera en el manejo de las bases de datos de las diferentes entidades responsables de la aplicación del sistema. Para Paredes Cubillos, es deficiente la sincronización de tales bases de datos, por cuanto hay que trabajar más acertada y delicadamente en ese sentido y analizar con mayor cuidado la oferta de servicios de salud, a fin de constituirla lo mejor posible. En su intervención el superintendente de Salud, Conrado Adolfo Gómez manifestó que las múltiples trabas burocráticas y el descontrolado manejo de los recursos de la salud son una inmensa fuerte para que personas inescrupulosas se roben los recursos del sector.  Para el funcionario es menester fortalecer el sistema de vigilancia y control de los diferentes organismos como la Fiscalía y la Procuraduría para evitar escándalos de corrupción y desfalco al sistema.

Para Gómez existen infinidad de deficiencias en la administración de los recursos y en el acceso de los pacientes a medicamentos que pese a que se encuentran en el Plan Obligatorio de Salud (POS) no son entregados por lo que se tienen que recurrir a acciones legales, “entorpeciendo así un derecho fundamental que debería ser cuidado por el Estado”.  

Durante su intervención el Superintendente aclaró que se deben fortalecer además la cobertura del servicio en todo el país así como la investigación científica nacional apoyándose en los recursos estatales y buscando nuevas fuentes de financiación.  Por su parte el viceministro de Hacienda, Bruce Mac Master aclaró que se debe superar el descontrol administrativo de la salud que tiene “volando” más de 1.600 millones de los recursos de la salud. “Una cifra muy grande y alarmante que debe ser atendida y controlada por los entes”. Ante esto aseguró que uno de los principales objetivos del Gobierno es recuperar 800 millones de pesos en los próximos dos años y así “regularmente” hasta controlar nuevamente este déficit administrativo. 

FISCALÍA Y PROCURADURÍA INVESTIGAN CASOS DE CORRUPCIÓN

En el marco de la audiencia el vicefiscal general, Juan Carlos Forero señaló que en los últimos dos meses se han adelantado 543 investigaciones por delitos relacionados contra la salud pública y 157 más indagaciones irregularidades en la administración pública dentro del proceso conocido como ‘el carrusel de la salud’. Según las estadísticas el Vicefiscal General las investigaciones más graves que se adelantan en su despacho tienen que ver los delitos de peculado por apropiación de recursos de la salud, así como la celebración indebida de contratos y el enriquecimiento ilícito.

Entre los casos más llamativos se encuentran la no atención de los fallos de tutelas, así como las malas entregas de medicamentos, los cuales pese a que en muchas oportunidades son genéricos pero se cobran como originales.

 Además se entregan ejecutorias de sentencias 15 días antes de que salgan “lo que llama mucho la atención”.  Forero cuestionó además el irónico hecho de que “en Colombia los muertos se enferman más” haciendo referencia a los casos que se han registrado en los cuales personas que fallecieron hace algunos años siguen en las listas de las Entidades Prestadoras de Salud y en algunos ocasiones han tutelado para recibir medicamentos. Por estos hechos señaló que en poco tiempo se tomarán las primeras medidas jurídicas sobre las personas que se encuentran relacionadas con el irregular recobro de medicinas, así como las irregularidades en la contratación con el sector de la salud que han llevado a un desfalco multimillonario.

 “Existe una facilidad enorme para cometer actos de corrupción por los vacios del actual sistema. Por eso el reto es en los próximos meses destrabar los problemas de acceso al servicio de salud y prevenir que en un futuro no muy lejano”, manifestó el Vicefiscal.  A primera hora el procurador general Alejandro Ordóñez Maldonado lanzó fuertes críticas por la falta de resultados por parte del Gobierno ante la crisis de corrupción en el sector de la salud.

Según el jefe del Ministerio Público en el momento se están realizando 35 investigaciones a EPS por incumplimientos a tutelas, así como las omisiones al Fosyga y otras irregularidades administrativas que ha conllevado a una crisis hospitalaria y de acceso al derecho fundamental de la salud.  Además se adelantan 128 investigaciones a funcionarios de entidades territoriales por no actualizar la base de datos y omitir vigilancia y control a la prestación de los servicios y entregas de medicamentos. Uno de los puntos principales que mencionó el Procurador General fue el hecho de que la mayoría de las múltiples tutelas y demandas en contra de las EPS “son por medicamentos que se encuentran en el Plan Obligatorio de Salud”.

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