Gobierno será víctima en proceso por falsa desmovilización

A través de un comunicado emitido desde la Casa de Nariño, el Gobierno anunció que hará parte del proceso que se adelanta para  esclarecer la presunta falsa desmovilización de los integrantes del frente ‘Cacica La Gaitana’ de las Farc, ocurrido en 2006.
De acuerdo con lo expresado en el documento, el Gobierno fue víctima en tal suceso toda vez que en contra del Estado se cometieron delitos que atentaron contra el erario.
El anuncio se dio en la noche de este viernes, horas después de que se aplazara la audiencia de imputación de cargos que se iba a adelantar en contra del exalto Comisionado para la Paz Luis Carlos Restrepo, quien no asistió a la diligencia judicial aduciendo razones de seguridad.
El exfuncionario es investigado por su presunta responsabilidad en los delitos de peculado por apropiación, concierto para delinquir, fraude procesal, fabricación, tráfico y porte de uniformes privativos de las Fuerzas Militares.
Quien sí asistió ante el estrado fue el supuesto exguerrillero Raúl Agudelo Medina, alias ‘Olivo Saldaña’, quien también es investigado por su presunta participación en estos hechos. Es señalado de ser el 'cerebro' de la supuesta falsa desmovilización.
La audiencia quedó reprogramada para el próximo 10 de febrero.
Quien también será incluido como víctima en el pleito jurídico es el colectivo José Alvear Restrepo, quien a través de una carta enviada a la Fiscalía pidieron ser reconocidos como tal en la investigación.
Este es el comunicado de Presidencia
En respuesta a expreso requerimiento de la Fiscalía General de la Nación, la Presidencia de la República se ha hecho parte dentro de la investigación que dicha entidad adelanta con ocasión de la denuncia sobre una presunta falsa desmovilización colectiva del Frente Cacica La Gaitana, surtida en el mes de marzo del año 2006.
Además de responder al requerimiento de la Fiscalía, el Gobierno lo ha hecho en estricto cumplimiento de la obligación legal que le impone el artículo 36 de la Ley 190 de 1995, que le exige, en todos los procesos por presuntos delitos contra la Administración Pública, intervenir en defensa del erario público.