Grupos armados que fueron indultados deberán pedir perdón a las víctimas

El representante del Partido Liberal, Guillermo Rivera, quien fue coordinador del proyecto de ley de víctimas y restitución de tierras, dio a conocer este viernes que los grupos armados ilegales que fueron indultados deberán pedir perdón a quienes fueron víctimas de sus acciones.
“Hay un artículo en la ley de víctimas que señala expresamente que todas las organizaciones armadas al margen de la ley que se hayan desmovilizado y que hayan sido objeto de figuras como el indulto y la amnistía están obligados a pedir perdón”, explicó Rivera.
El representante liberal dijo que “seguramente en los próximos meses la Unidad de Víctimas o el Centro de Memoria, dispondrán de lo pertinente para que estas organizaciones pidan perdón en general por todos los hechos de violaciones a los derechos humanos que hubieren podido llegar a cometer”.
Rivera dijo que esos actos de perdón podrían tener lugar en la Plaza de Bolívar de la capital del país.
Así pues, personajes como Navarro Wolf, Vera Grave o el mismo alcalde de la Capital, Gustavo Petro, se verían obligados a pedir perdón a aquellas personas que fueron víctimas del accionar del M-19.
El ministro del Interior, Germán Vargas Lleras, dio a conocer ayer (jueves) que por su parte el Gobierno Nacional acatará a cabalidad el fallo judicial del Palacio de Justicia que contempla que el Ejército debe pedir perdón a las familias de las víctimas de la retoma.
El fallo del Tribunal
La Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá ratificó el 30 de enero la condena a 30 años de prisión contra el excomandante de la Escuela de Caballería coronel (r) Luis Alfonso Plazas Vega por el delito de desaparición agravada por los hechos del Palacio de Justicia.
En las consideraciones de la decisión se manifiesta que ninguna unidad militar del país podrá tener el nombre del coronel Luis Alfonso Plazas Vega. Además se ordena que la sentencia sea cumplida en un centro carcelario que “no ofenda el dolor de las víctimas”, ni la igualdad de los reclusos.
Se exhorta a que se establezca la responsabilidad penal del expresidente de la República, Belisario Betancourt por los hechos ocurridos el seis y siete de noviembre de 1985.
En el caso del expresidente Belisario Betancourt se le solicita al Fiscal Principal de la Corte Penal Internacional “para que considere presentar el caso ante dicho organismos e impida la consolidación de la impunidad que brinda el fuero que lo protege”.
Según el Tribunal, esta decisión se sustenta en el hecho de que Betancourt nunca ha sido investigado penalmente por estos hechos, “dadas las razones políticas y de conveniencia que valora el Congreso de la República”, su juez natural.
Con esta sentencia se abren tres nuevos frentes de investigación en el caso del Palacio de Justicia. Primero, indagar qué responsabilidad podría tener el Consejo de Ministros del Gobierno de Betancourt “frente a delitos de lesa humanidad”; segundo, establecer qué papel jugaron los miembros de la Policía Nacional que participaron en la operación de recuperación del Palacio.
Por último, determinar qué participación tuvo el entonces director del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) y unidades de esta entidad en los interrogatorios de sobrevivientes del Holocausto.