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Guillermo Fino de nuevo tras las rejas por delitos administrativos

El ex director del Seguro Social y de la Dian, Guillermo Fino, fue recapturado por agentes del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía en la noche del miércoles en Bogotá.

Fino debería pagar una pena de cinco años y 10 meses en la cárcel la Picota de Bogotá, por los delitos de cohecho impropio e interés indebido en la celebración de contratos.
Al cierre de esta edición, Fino aún permanecía en el Búnker de la Fiscalía a espera de ser trasladado a la Picota para cumplir con su pena.
La recaptura fue ordenada por la Sala Penal de la Corte, al confirmar la condena en primera instancia del juez cuarto penal del circuito.
Con esta decisión se revocó la absolución de Fino ordenada por Tribunal Superior de Armenia. Su condena está soportada en varios docu-mentos y testimonios que demuestran que exigió una comisión sobre un contrato, para cubrir los tratamientos de diálisis que presta el Seguro So-cial.

DESTITUIDO
El 11 de julio de 2006 la Procuraduría General destituyó e inhabilitó por un término de 20 años a Fino Serrano, tras haberse comprobado que incurrió en lavado de activos y que recibió cuatro mil millones de pesos a cambio de la adjudicación de un contrato a la firma Fresenius Medical Care Colombia S.A. en el año 2002.
En la misma determinación, adoptada en fallo de primera instancia, el Ministerio Público decidió sancionarlo además con multa de 90 días de salario devengado para la época de los hechos, cuyo valor supera los 25 millones de pesos.
La investigación adelantada constató que Fino exigió una comisión a la firma Fresenius Medical Care por celebrar un contrato por 40 mil mi-llones de pesos para la prestación de servicios médicos y quirúrgicos a pacientes con insuficiencia renal adscritos al ISS.
La participación, correspondiente al 10 por ciento del valor total del contrato fue cancelada por el Representante Legal de la firma, con recur-sos provenientes del anticipo de 16 mil millones de pesos efectuado por el Instituto el 5 de abril de 2002.
Este pago se hizo mediante cheques girados a una cuenta clandestina a la contabilidad de Fresenius, abierta por ese mismo representante.
De esta manera, se le reprochó también el haber adjudicado y celebrado el contrato en mención, el 20 de marzo de 2002, incurriendo en interés indebido en su celebración e incumplimiento de los requisitos legales.
El Ministerio consideró que el funcionario público en ese entonces violó los principios de contratación administrativa, transparencia, igualdad, responsabilidad, economía y el deber de selección objetiva.
La Procuraduría pudo establecer que el ex servidor público cobró además otra comisión para ordenar la cancelación de la cartera pendiente que tenía el Instituto con la firma Fresenius a la fecha de 30 de junio de 2001.

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