Histórica condena por caso de los desaparecidos del Palacio

Un tribunal sentenció ayer a 30 años de prisión al coronel retirado, Alfonso Plazas Vega, sobre quien pesaba una acusación por la desaparición de 11 personas en el Palacio de Justicia, asaltado por guerrilleros y retomado por militares en noviembre de 1985. La condena por el delito de “desaparición forzada” al coronel del ejército retirado Plazas Vega fue impuesta por la jueza penal María Stella Jara y comunicada a reporteros y parientes de las víctimas por el abogado Rafael Barrios, que representa a las familias. La sentencia fue recibida entre abrazos y lagrimas por los parientes. El fallo condenatorio es una esperanza “ante la impunidad que hemos vivido estos 25 años”, dijo Sandra Beltrán, hermana de Bernando Beltrán. El fue uno de los 11 desaparecidos y quien trabajaba en la cafetería del Palacio. Unas 50 personas a las afueras del juzgado estaban divididas en dos bandos, uno que gritaba “Plazas, Plazas inocente”, mientras el otro coreaba “dónde están los desaparecidos del Palacio de Justicia”. Plazas Vega, de 65 años y retirado de las filas hace más de una década, estuvo ausente del juzgado cuando se conoció el fallo porque se encuentra recluido en el hospital militar de Bogotá desde hace varios meses por trastornos de ansiedad, según su abogado defensor. El fallo se puede apelar ante el tribunal superior y el abogado de Plazas, Jaime Granados, ya anticipó que tenían preparado el recurso. El primer condenado El coronel retirado, quien fue el comandante de la Escuela de Caballería del Ejército en Bogotá que encabezó la retoma del Palacio, se convirtió así en el primer oficial en ser condenado por uno de los casos más emblemáticos y sangrientos de la turbulenta historia reciente colombiana. El 6 de noviembre de 1985 un comando de guerrilleros del entonces Movimiento 19 de Abril (M-19) entró al Palacio de Justicia, sede de la Corte Suprema y otras instancias judiciales, en el centro de la ciudad, y demandó hacer un juicio al presidente Belisario Betancur (1982-1986). Entre el ingreso de los guerrilleros y la decisión del Gobierno de Betancur ordenando a los militares de retomar el Palacio murieron a lo largo de casi dos días más de 100 personas, entre ellos los miembros del comando del M-19, 11 de los 24 magistrados de la Corte Suprema y además fueron dadas por desaparecidas al menos 11 personas, la mayoría trabajadores de la cafetería del Palacio. El M-19 depuso sus armas a fines de los 80 y se declaró una amnistía a sus miembros, algunos de los cuales son ahora desde gobernadores provinciales hasta senadores. La toma del Palacio y la respuesta de los militares dejaron después una enredada madeja judicial y procesos penales que se abrieron y cerraron por decisión de diferentes tribunales, hasta que la Fiscalía General puso el dedo en la llaga en 2006 y comenzó a investigar nuevamente desde cero. Reabren el caso Con parientes demandando por años conocer la suerte de sus seres queridos, fue sólo hasta la difusión de videos de un canal de televisión mostrando que Cristina Guarín una de las empleadas de la cafetería dada por desaparecida salió viva del Palacio, cargada por un soldado, que la Fiscalía reabrió el caso en agosto del 2006. La Fiscalía ordenó entonces la detención de siete militares retirados, incluido el coronel Plazas, cuyo juicio por “desaparición forzada” comenzó a mediados del 2008. La máxima pena por el delito de desaparición es de 40 años de cárcel. La defensa de Plazas Vega alega que el oficial, como otros, actuó en la retoma por orden de sus superiores, pero que además carece de cualquier lazo con la desaparición de las 11 personas. El abogado Jaime Granados anunció que este jueves brindará una exposición para objetar los argumentos con que la juez condenó a 30 años de prisión al Coronel en retiro. Sin embargo, los fiscales al citar el testimonio de un cabo del Ejército ya retirado y que fue parte de la operación oficial aseguran que Plazas fue responsable porque supuestamente dio la orden de “colgar” o acabar con personas que habían salido vivas del Palacio, pero eran sospechosas de ser parte del comando rebelde y que se hacían pasar por trabajadores sobrevivientes. Plazas lo niega. “DUELE LA CONDENA” El presidente de la República, Álvaro Uribe, se pronunció sobre la condena en contra del coronel Alfonso Plazas Vega. “Una alianza criminal entre el narcotráfico y la guerrilla asesinó a la Corte Suprema de Justicia en 1985 y de los actores criminales ninguno está en la cárcel. Y ahora condenan a un integrante de las Fuerzas Armadas de Colombia que simplemente buscó cumplir con su deber…; Duele... da tristeza”, dijo Uribe.