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Homicidios de líderes de tierras es forma de impedir restitución: Defensor del Pueblo

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El Defensor del Pueblo, Volmar Pérez, repudió hoy la muerte violenta de  Martha Gaibao, vocera del proceso de reubicación de 17 familias desplazadas en el municipio de La Apartada en el Departamento de Córdoba y quien fue víctima de  varios impactos de bala por parte de desconocidos que huyeron posteriormente.

Pérez  expresó su preocupación por este nuevo hecho de violencia contra líderes de familias desplazadas y pidió  a las autoridades competentes adoptar medidas eficaces de protección  para los voceros de restitución de predios en  Córdoba.

Igualmente, la Defensoría del Pueblo señaló que el liderazgo de Gaibao como interlocutora frente a la administración municipal en procesos de restitución de tierras,  le valió el reconocimiento de varios sectores de la comunidad  como  líder de la población desplazada.

Esa entidad, a través de la resolución de tierras 858-10,  que se ocupa de la problemática de las tierras en esta región del país,  “había señalado que  el caso de las familias desplazadas  representaba un  riesgo  por la presencia  de  grupos armados ilegales en la Subregión del Alto San Jorge, que han realizado actos de intimidación y  amenazas de muerte  contra integrantes de la Asociación de desplazados del municipio de la Apartada-Asodeslap”.

Frente a esta situación la Defensoría del Pueblo instó a las autoridades competentes a poner en marcha un programa de protección colectiva y adoptar medidas eficaces  contra los factores de riesgo identificados en esta región del país.

Pérez señaló que  la muerte violenta  de líderes de tierras en Córdoba “parece constituir  una forma de presión armada  para impedir los procesos de  restitución de tierras,  y un acto de intimidación sobre  las personas que reclaman el respeto y garantía de su derecho a la tierra”.

La entidad señaló igualmente que el  Informe de riesgo N° 012-10  realizado por el Sistema de Alertas Temprana- SAT-  para el municipio La Apartada,  “recomendó a  la Gobernación  de Córdoba y  la Alcaldía Municipal de La Apartada,  gestionar ante el Ministerio de Defensa Nacional  el aumento y la presencia de las unidades policiales en la zona urbana y rural del municipio para proteger  la vida, la integridad y la seguridad de la población civil”.

OTROS HECHOS VIOLENTOS

La Defensoría del Pueblo  también denunció  la muerte violenta de Luis Miguel Peña, estudiante de décimo grado de la escuela Julio Miranda de 15 años de edad, quien fue  asesinado el domingo 8  de mayo en la vereda El Naranjo en el municipio  de San Antero, Córdoba.

El niño fue decapitado con arma blanca, según dijeron los familiares y las autoridades locales que atendieron el caso en la zona costanera de Córdoba.

Pérez Ortiz dijo que con este caso ya seis son los estudiantes asesinados en esta región del país entre enero y mayo de 2011. El más reciente hecho de violencia contra estudiantes se presentó el Jueves Santo  en zona rural de Montelíbano, cuando hombres sin identificar acabaron con la vida de Juan Carlos Ramírez, quien cursaba octavo semestre  de derecho en la Universidad Pontificia Bolivariana de Montería.

El Defensor recordó que en el mes de enero en el municipio de San Bernardo del Viento murieron de manera violenta  Mateo Matamala y Margarita Gómez, estudiantes de

la Universidad de los Andes y, un mes después, en zona rural de Cereté,  fueron asesinados  los estudiantes Juan Carlos Ariza y Silvia Mora Castillo.

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