HRW alerta riesgos de ampliar fuero militar en Colombia

Colombia se expondría a ser investigada por la Corte Penal Internacional en caso de aprobar una reforma sobre el fuero militar como parte de una modificaciones al sistema judicial, indicó el grupo Human Rights Watch en una carta al presidente Juan Manuel Santos. 
La aprobación de ese cambio en el fuero militar “revertiría gravemente los avances recientes logrados por Colombia para asegurar que se juzguen los abusos militares”, dijo José Miguel Vivanco, director de HRW Américas en su carta al presidente Santos fechada en la jornada y compartida con la Associated Press. 
La iniciativa se encuentra radicada aún en el Congreso. 
De igual forma “al prácticamente garantizar impunidad frente a las violaciones de derechos humanos cometidas por la fuerza pública, en última instancia, Colombia podría exponerse a la posibilidad de ser investigada por la Corte Penal Internacional, incluso en relación con los casos conocidos como falsos positivos” o como se llamó aquí a casos ejecuciones de civiles a manos de uniformados, agregó Vivanco en su misiva. 
Ni Santos ni sus ministros comentaron de inmediato la carta, pero uno de sus principales voceros, Simón Gaviria, presidente de la Cámara de Representantes y miembro del Partido Liberal que es parte de la coalición oficial, dijo a reporteros en el Congreso que el gobierno no busca que haya impunidad. 
“Nosotros pensamos que el artículo es positivo, que de ninguna manera atropella los derechos humanos en Colombia... entendemos la preocupación del señor Vivanco, pero conociendo las intenciones del ministro (De Defensa Juan Carlos) Pinzón y del ministro (de Justicia, Juan Carlos) Esguerra, sé que la idea no es fomentar la impunidad”, dijo Gaviria. 
El fuero militar, o que los casos de faltas de uniformados sean juzgados por tribunales castrenses, está consagrado en la Constitución colombiana de 1991. 
En el 2006 por un acuerdo entre el entonces ministro de Defensa Camilo Ospina y el quien era el Fiscal General, Mario Iguarán, decidieron que todos los casos pasaran a la justicia ordinaria, que decidía si algún expediente era del ámbito estrictamente militar como rebelión, deserción, entre otros, según ha explicado José Gregorio Hernández, ex magistrado de la Corte Constitucional. 
En agosto pasado el gobierno del presidente Santos presentó al Congreso un proyecto de ley de reforma al sistema judicial y más tarde incluyó en ese texto un artículo sobre el fuero militar indicando que todos los actos cometidos durante operaciones “se presumen” están relacionados con actos del servicio. 
Activistas y legisladores colombianos de inmediato criticaron el articulado indicando que sería un retroceso porque todos los casos volverían a la justicia castrense, conocida por su lentitud y falta de condenas. 
Además resaltan que escándalos como el surgido en el 2008, sobre decenas de asesinatos de civiles a manos de militares que presentaron más tarde a sus víctimas como rebeldes, paramilitares o criminales comunes muertos en combates, no son ni pueden ser considerados actos del servicio militar, sino que son delitos contra los derechos humanos. 
El texto de la reforma recibió el 2 de diciembre pasado la tercera de las ocho aprobaciones que precisa en debates en el Congreso. Las cámaras cesan sus labores este 16 de diciembre, hasta marzo. 
El tema del fuero ha sido criticado incluso por magistrados de la Corte Suprema y el fin de semana la Fiscal general Viviane Morales también se mostró en contra. 
Sólo por casos de falsos positivos, la Fiscalía General ha recibido denuncias de que más de 2.700 personas habrían sido víctimas de esas ejecuciones. Según estadísticas del organismo investigador, hasta mayo 368 militares habían sido condenados por estos hechos en tribunales civiles. Por lo menos otros 700 uniformados están vinculados a procesos penales en la Fiscalía y en juzgados de Colombia. 
Según Vivanco, luego “de los avances conseguidos por las autoridades civiles en el juzgamiento de falsos positivos y otros abusos militares recientes, el traslado de casos a la jurisdicción militar limitaría significativamente la capacidad de Colombia de cumplir con su obligación jurídica internacional de investigar y sancionar violaciones graves de derechos humanos”.