La medida involucra al exviceministro de Agricultura Juan Camilo Salazar y a quienes se desempeñaron en esa cartera como el secretario general Juan David Ortega; la directora de Comercio y Financiamiento Camila Reyes de Toro, el director de desarrollo rural Javier Enrique Romero, los jefes de la oficina jurídica Oskar Schroeder y Tulia Méndez y el gerente general del Incoder, Rodolfo José Campo.
La Fiscal General, Viviane Morales anunció, además, que la medida cobija a varios miembros de la familia Dávila por ser beneficiarios del programa. Principalmente a Juan Manuel Dávila Gimeno, María Clara Fernández de Soto de Dávila, Juan Manuel Dávila Fernández de Soto y Ana María Dávila Fernández de Soto.
Estas personas, según la Fiscalía, recibieron en total beneficios de AIS por valor superior a los 2 mil millones de pesos ($2.212’.501.213) “presumiblemente, sin cumplir los requisitos para ello”. Igualmente, se le imputarán cargos a Álvaro Luis Vives Lacouture, Inés Margarita Vives Lacouture, Roberto Eusebio Vives Lacouture, María Teresa Vives Lacouture, Patricia Vives Lacouture, José Francisco Vives Lacouture, Silvia Rosa Vives de Sánchez, María Luisa Zúñiga Vives, Silvia Rosa Campo Vives y Roxana María Castro Solano, quienes recibieron beneficios del programa por un valor superior a los 4 mil millones de pesos. “Estas personas recibieron en total beneficios por 4 mil 532 millones 696 mil 800 pesos, presumiblemente sin haber cumplido requisitos para ello”, agregó la jefe del ente investigador.
A las 21 personas (14 beneficiarios y siete exfuncionarios del Ministerio) se les formulará cargos y se solicitará la medida de aseguramiento por los delitos de interés indebido en la celebración de contratos sin cumplimiento de requisitos legales, peculado por apropiación, prevaricato por acción, prevaricato por omisión, violación al régimen legal o constitucional de inhabilidades o incompatibilidades y falsedad ideológica en documento público.
A la actriz y modelo Valerie Domínguez, quien sostuvo una relación sentimental con el empresario Juan Manuel Dávila Jimeno, solamente se le imputarán los delitos de falsedad ideológica en documento público y tentativa de peculado por apropiación, pues entregó el dinero de los subsidios. Asimismo, estos dos delitos no merecen por ley solicitud de medida de aseguramiento.
Según la Fiscal “esta imputación y solicitud de medidas de aseguramiento son producto de la investigación que actualmente adelanta la Fiscalía con ocasión de las diferentes irregularidades encontradas en la celebración y ejecución de diferentes convenios suscritos entre el Ministerio de Agricultura, el Instituto Interamericano de Cooperación Agropecuaria (Iica), los cuales suman en conjunto $288.265’.934”.
Por la entrega irregular de subsidios se investiga además la responsabilidad de otras 50 personas entre servidores públicos, contratistas y particulares beneficiarios del programa de AIS, a quienes ya se les ha escuchado en interrogatorio. La primera audiencia se realizará el próximo 5 de abril ante un juez de control de garantías y será contra los siete exfuncionarios el Ministerio de Agricultura.
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