El Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder), ordenó la recuperación de 1.200 hectáreas baldías en la hacienda Bellacruz, en el departamento del Cesar.
Así lo confirmó la gerente de la entidad, Miriam Villegas, quien aseguró que dichas tierras fueron ocupadas indebidamente y pasarán a manos del Estado, gracias a una resolución emitida por la institución.
Villegas también afirmó que el Incoder comprobó que los predios baldíos de Potosí, Venecia, Los Bajos, Caño Negro y San Simón, ubicados en el municipio de La Gloría (Cesar), están indebidamente ocupados por las personas jurídicas de Frigorífico La Gloria S.A.S, M.R Inversiones S.A.S, La Dolce Vista Estate Inc Sucursal Colombia y el Grupo Agroindustrial Hacienda La Gloria S.A.
“Después de hacer todas las visitas oculares y de haber hecho la serie de acciones que tiene que hacer el Incoder para la clarificación, pues se procede a recuperar material y fiscalmente estas tierras que son del Estado y que fueron indebidamente ocupadas”, aseguró la funcionaria.
Asimismo, el Incoder decidirá luego si titula estas tierras a los campesinos que fueron obligados a dejarlas por parte de los paramilitares, y quienes vienen reclamándolas por más de 20 años.
Villegas también hizo un llamado para que se agilicen algunos procesos de revisión ante el Consejo de Estado y la Corte Constitucional, ya que según ella, quedan en el limbo pues “no se pueden ni utilizar para los unos, ni para los campesinos que son quienes deberían estar ocupando estas tierras”.
Entre tanto, Silvio Garcés, funcionario de procesos agrarios del Incoder, aseguró que “el mismo predio ha sido fraccionado entre varias empresas, y dentro de la totalidad del predio es donde están las 1.200 hectáreas que son baldías y que son propiedad del Estado”.
El Incoder también advirtió que si los ocupantes de los predios se niegan a entregar los predios indebidamente ocupados, la entidad solicitará a la Policía Nacional para que en un término de diez días proceda con la decisión.
Cabe recordar que el 20 de abril de 1994, el extinto Incora decidió sobre el proceso de clarificación de la propiedad que conforman los terrenos de la Hacienda Bellacruz, eran bienes baldíos de la Nación.
