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Indígenas claman derechos a la vida y protección del estado

Frente a las instalaciones de Medicina Legal en el municipio de Tumaco (Nariño), permanece la Guardia Indígena del Pueblo Awá, a la espera de la entrega de los cuerpos de 12 de sus compañeros masacrados por desconocidos en el resguardo El Gran Rosario, jurisdicción del corregimiento de La Guayacana, a 80 kilómetros del puerto nariñense.

En Tumaco las autoridades locales acompañadas de Representantes del Gobierno Departamental de Nariño, comandantes de Policía y Ejército, delegados de la Defensoría del Pueblo y de agencias de Naciones Unidas, así como representantes del pueblo Awá, desarrollaron un Consejo Ex-traordinario de Seguridad “para establecer responsabilidades frente a la seguridad de nuestro pueblo, con el objetivo de pedir el cumplimiento a las normas establecidas en cuanto a la protección de los indígenas”, dijo Gabriel Visbicus, consejero mayor de la Organización Awá.

LA INVESTIGACIÓN
Los nativos esperan que una comisión conformada por organismos de Derechos Humanos, acompañe al grupo de investigadores para estable-cer quiénes perpetraron esta masacre.
En Bogotá, el Gobernador de Nariño Antonio Navarro Wolff indicó que hasta el momento “no hay indicios de que la guerrilla haya sido la responsable del hecho”. Sin embargo, los nativos ya preparan una ceremonia ritual para este fin de semana en inmediaciones del Resguardo El Gran Rosario, acogiendo las costumbres ancestrales y sepultar a las víctimas de la masacre La organización indígena, señaló que el sepelio de las doce víctimas está programado.

((recuadro))
Rechazó el atentado
El procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez, condenó y rechazó la agresión a los indígenas Awá en el resguardo del Gran Rosario en Tumaco, Nariño, y expresó su mensaje de so-lidaridad para los familiares de las 12 víctimas.
El Procurador exigió a las autoridades competentes la adopción de medidas inmediatas y efectivas que garanticen la seguridad e integridad de las comunidades indígenas afectadas por es-tos hechos atroces.
Las autoridades ejecutivas conminadas a la acción inmediata por la Procuraduría son los ministerios del Interior y de Defensa, la Agencia Presidencial para la Acción Social y el Instituto Co-lombiano de Bienestar Familiar.
Al mismo tiempo, instó a las autoridades judiciales a iniciar investigaciones que permitan identificar y sancionar a los responsables del atentado.
Ordóñez también informó que en el presente año se han asesinado más de treinta integrantes de esta comunidad, incluidos niños y mujeres, lo que podría considerarse como una práctica sistemática y generalizada contra este grupo étnico.

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