Colombia


Ingrid Betancourt reclama millonaria suma al Estado por su secuestro

EL UNIVERSAL

09 de julio de 2010 12:01 AM

Al parecer la familia de la ex candidata presidencial Ingrid Betancourt estaría exigiendo al Estado una millonaria suma de dinero, por los daños causados durante sus casi siete años de secuestro. Así lo reveló este viernes la cadena de noticias Caracol Radio. Según indicó el medio de comunicación, Betancourt y su familia estarían reclamando 12.500 millones de pesos, que incluyen los daños físicos y psicológicos causados a ella, a su madre Yolanda Pulecio y a sus dos hijos. Entre los argumentos que al parecer estaría utilizando la ex secuestrada para sacar adelante la acción de conciliación, se encuentran las supuestas irregularidades de protección y movilización que habrían llevado a su plagio. La emisora agregó que la noticia fue confirmada por el ministro de Defensa, Gabriel Silva, quien manifestó que no se referirá sobre el asunto por el momento. Una vez conocida la petición de Ingrid Betancourt, el Presidente del Consejo de Estado, magistrado Luis Fernando Álvarez, le explicó a Colprensa cuál es el procedimiento que se debe adelantar en este tipo de casos. Álvarez, quien afirmó no conocer aún el proceso, considera que esta debe ser una acción de repetición en la que Betancourt cuestionaría la falta de protección o de garantías que el Estado debe brindarle a todos los ciudadanos. En ese sentido, el magistrado señaló que como en todo proceso contra el Estado, la ley obliga a que se intente en primera instancia una conciliación prejudicial con el fin de no congestionar el aparato judicial. Dicha conciliación se adelanta ante la Procuraduría General de la Nación, en donde el caso es repartido a uno de los procuradores delegados, quien intenta que las partes implicadas -es decir, el Ministerio de Defensa e Ingrid Betancourt- lleguen a un acuerdo. En caso de que las partes acuerden superar las diferencias, el proceso termina y se cumple lo acordado. En el caso contrario, la acción judicial iniciaría ante el tribunal donde sucedieron los hechos. Tras el fallo allí adoptado, pasaría al Consejo de Estado. En dado caso el ministerio público tendrá entre dos y tres meses para definir si se llega o no a la conciliación antes del proceso judicial. EX COMISIONADO DE PAZ Por su parte, el ex comisionado de Paz en la época en que Ingrid Betancourt fue secuestrada, Camilo Gómez Alzate, manifestó que el Gobierno le había advertido a la entonces candidata presidencial que no se desplazara hacia San Vicente del Caguán por el riesgo que ello significaba. “Varias personas estaban pidiendo autorizaciones para ir a San Vicente del Caguán; nosotros nos encargamos de recomendarles que, dado los combates, no era prudente que hicieran ese viaje", manifestó Gómez Alzate en diálogo con Caracol Radio. De acuerdo con el ex comisionado de paz, Ingrid Betancourt decidió emprender el viaje por tierra y en un retén militar se le advirtió que no era prudente que continuara. Sin embargo, "ella deja escrito que continuará bajo sus propios medios y por su propia responsabilidad; incluso se quedan algunos escoltas que la acompañaban en ese momento. Ese documento reposa en los archivos del Ministerio de Defensa", aseguró Gómez. El ex comisionado de paz resaltó que "el decir que sigue bajo su propia responsabilidad y sus propios medios es un indicativo de que el Estado tomó las medidas del caso".

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