Los cinco capturados por participar en el carrusel de la salud, con el que habrían generado billonarios desfalcos, enfrentarían los delitos de peculado, tráfico de influencias, falsedad en documento público y privado, y concierto para delinquir.
Las penas podrían llegar hasta los 50 años de prisión señaló el abogado penalista Francisco Bernate.
En el mismo sentido el ex ministro de Interior y Justicia, Carlos Medellín, señaló que aunque la pena podría llegar a ser de hasta 50 años, en la práctica habría que examinar la responsabilidad individual de cada uno de ellos. "Si se acogen al principio de oportunidad y colaboran con la justicia y se presentan otras circunstancias de atenuación podría haber rebajas ", indicó.
Según expertos, éste un caso sin precedentes en la historia del sistema judicial del país porque combina la participación de funcionarios públicos con particulares.
"Se causaron daños grandes al sistema de salud y se contribuyó a la congestión del sistema judicial cuando se generaron miles de tutelas porque no había recursos para medicamentos que son costosos o tratamientos que requieren un equipo especial. Todos van a recibir sanciones penales y ojalá sean ejemplarizantes", señala el abogado procesalista Eduardo Vásquez, quien dice que aún es muy temprano para hablar de posibles sanciones.
"Hasta ahora se están recaudando pruebas y haciendo la formulación de los cargos. Además podría existir una dosificación por colaboración con la justicia o por la aceptación de cargos", agregó.
De acuerdo con el senador del Polo Democrático, Jorge Enrique Robledo, el fraude radica en que las EPS son quienes se encargan de remitir las informaciones al Gobierno sobre el pago de recobros que durante 2010 fueron por $2,5 billones. "El 55% de los recobros eran del Plan Obligatorio de Salud, no tenían qué hacerlo, es fraudulento, había trampa. Por eso el desfalco podría ascender a $1,25 billones", aseveró Robledo en el debate que se le llevó a cabo el martes en el Congreso.
Ministro reconoce falencias del Fosyga
En el debate el ministro de la Protección Social, Mauricio Santamaría, reconoció que hay graves falencias en los recobros que se hacen a través del Fondo de Solidaridad y Garantía (Fosyga) porque no hay suficiente regulación y vigilancia. "El tema de los recobros se volvió un foco de corrupción y de falta de transparencia, pues anteriormente le costaban al Estado $300 mil millones y hoy en día están costado $2,5 billones al año, lo que es una multiplicación por diez en un sistema de salud en donde no están regulados", indicó Santamaría. El funcionario agregó que las capturas e investigaciones en el sector hacen parte de un primer paso del Gobierno para atacar una de las grandes enfermedades que tiene el sistema y que se complementará con medidas de carácter estructural, administrativo y de gestión.
Colombia
Involucrados en desfalco a la salud podrían pagar hasta 50 años de cárcel
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