La existencia de una oficina paralela al Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) en la que se amañaban los proyectos de licitación para las obras viales en Bogotá y la solicitud de comisiones por parte del suspendido alcalde de Bogotá, Samuel Moreno Rojas, y de su hermano, el senador Iván Moreno Rojas, son los principales puntos en el auto con el que la Corte Suprema de Justicia cobijó con medida de aseguramiento al congresista el pasado 10 de mayo, por los delitos de cohecho y contrato sin el cumplimiento de los requisitos legales, en el proceso por el ‘carrusel de contrataciones’.
Según el análisis del alto tribunal, existió un “acuerdo contractual” entre los miembros del Grupo Nule y el suspendido senador del Polo Democrático, con total conocimiento de su hermano, el suspendido Alcalde, para el favorecimiento en la entrega de importantes contratos viales en la capital de la República a cambio de comisiones.
Para llegar a esta conclusión se tuvieron en cuenta los testimonios de Manuel, Miguel y Guido Nule y de su socio Mauricio Galofre, quienes señalaron en repetidas oportunidades que se reunieron con el congresista para acordar “el plan” para la entrega de dineros, con el fin de que sus proyectos fueran recibidos y aprobados en el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) pese a sus serias deficiencias y a que no cumplían con todos los requisitos exigidos por la ley para participar.
Estas reuniones con el congresista se habrían realizado en Bogotá y otras ciudades del país, así como en Estados Unidos, pero principalmente en una oficina “clandestina” ubicada a pocas cuadras del Instituto, en el centro de Bogotá, en la cual se amañaron las licitaciones presentadas por los Nule y se acordó darles el aval para la entrega de los contratos de la reparación de la malla vial y la Fase III de Transmilenio.
Según la investigación de la Corte, en esa oficina paralela también se reunieron con altos mandos del IDU, entre los que se encontraban su directora Liliana Pardo y el subdirector técnico del Instituto, Inocencio Meléndez, quienes conocían completamente la forma cómo se iban a acordar esas licitaciones. Agrega que fue el senador Iván Moreno Rojas la persona encargada de explicarles a los miembros del grupo Nule todo el mecanismo y que, así mismo, fue el encargado de solicitarles la entrega de comisiones para la entrega de los contratos.
El alto tribunal precisa, además, que los proyectos licitatorios de los Nule presentaban grandes irregularidades frente a las otras propuestas; sin embargo, las que tenían mayor oportunidad de ganarlas fueron rechazadas y después de los tres filtros que se hacen en este tipo de casos los contratos les fueron adjudicados a los Nule.
Se reiteró también que hubo solicitud de comisiones, del orden del 6%, por parte de Samuel e Iván Moreno Rojas, para la entrega de dos multimillonarios contratos, como lo habían revelado en su momento, en declaraciones ante la Procuraduría, Miguel y Guido Nule, así como el abogado del Grupo empresarial, Álvaro Dávila.
En el auto también se revela que los contratistas Emilio Tapia y Julio Gómez negociaron la entrega de otros contratos en Bogotá directamente con el congresista, quien afronta otro proceso disciplinario en la Procuraduría, por su presunta presión en la concesión de la doble calzada Bogotá-Girardot, con la condición de que lo dejaran ubicar dos estaciones de gasolina, las cuales serían administradas por su esposa.
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